Hablan los expertos

El nuevo modelo de financiación en Asturias

«Con este pacto a largo plazo las regiones más pobres acabarán peor, eso es seguro»

El gijonés Ángel de la Fuente dirige la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y está considerado uno de los mayores expertos en financiación autonómica: «El documento es confuso, difícil de conciliar con el acuerdo firmado el año pasado por PSC y ERC; parece que intentan suavizar alguna arista pero la música es la misma».

De la Fuente es crítico por varias razones. La primera es que el resultado de la llamada «financiación singular» sería que Cataluña incrementaría sus recursos a costa de mermar los que ahora llegan a los demás. A su juicio si ese acuerdo entre ambas instituciones sigue materializándose «perderá Asturias y todas las comunidades del régimen común».

El pasado año, con las especificaciones del pacto entre partidos, Fedea estimaba que la caja del régimen común tendría entre 6.600 y 13.200 millones menos a repartir si se ejecutaba el cupo catalán, un cálculo «un poco hecho a ojo de buen cubero, pero que, con este nuevo documento, seguiría siendo válido».

«Si esto avanza lo que hará Cataluña en un primer año es que no se note mucho, que su ganancia sea pequeñita y la pérdida de los demás poco perceptible, pero con el paso del tiempo acabaría como las comunidades forales y haría aportaciones al resto más pequeñas en términos relativos», previene. «Con esto a largo plazo las comunidades más pobres acabarán peor, eso es seguro».

Más allá del reparto territorial, el economista asturiano muestra reservas de orden técnico. «En el anterior acuerdo se decía que el 100% de los rendimientos de todos los tributos estatales se debían dar a la Agencia Tributaria Catalana, y ahora lo que se plantea es un sistema compartido, en red, en el que tanto la Agencia Tributaria estatal como las de cada comunidad tengan competencias concurrentes y cada región decida asumir las competencias que le parezca». De comparar esa hipótesis con los sistemas existentes aquí y en otros países la conclusión es clara. «Esto nos llevaría a un escenario con quince agencias tributarias cada una con competencias distintas más otra de alcance estatal. ¿Cómo se gestiona? A mí me parece un disparate, que suaviza el disparate planteado el año anterior; parece que intentan arreglarlo pero no, este troceo asimétrico no puede funcionar». Como problema añadido el director de Fedea constata que semejante dispersión «facilitaría el fraude».

El impacto a largo plazo del encaje que se propone sería de tal magnitud que podría acabar afectando a las pensiones, ilustra De la Fuente. «En principio la financiación autonómica y las pensiones son cosas distintas y no habría problema si las pensiones se pagaran con las cotizaciones sociales». Sin embargo «tenemos cada vez un agujero mayor en la Seguridad Social y eso se para cubrirlo requiere de inyecciones provenientes de los impuestos estatales». En ese sentido «ya estamos viendo cómo las comunidades forales hacen aportaciones menores, con lo que si extendemos a Cataluña el sistema vasco o navarro el tamaño del agujero podría ser enorme; es de suponer que tenga cuidado de no meterse en ese problema».

Los posibilistas en la materia recuerdan que las reformas del sistema terminan siempre con acuerdo con todas las comunidades y poniendo más fondos. ¿Hay opciones para ello? De la Fuente expone sus dudas: «El Estado se quedaría sin margen al renunciar a cobrar impuestos».

Abel Fernández es decano del Colegio de Economistas de Asturias y especialista en tributación. También observa el documento «demasiado abierto, poco matizado», pero en líneas generales entiende que «si se avanza en esto es demoledor y nefasto para el resto de comunidades, pues vulnera los principios de solidaridad e igualdad».

«Después de Cantabria, Asturias sería la más perjudicada. Cataluña aporta ahora el 20% de los recursos del régimen común y si se sale veríamos nuestros ingresos muy comprometidos». Sostiene Fernández que la operación amenazaría los servicios públicos asturianos: «Nuestras prestaciones en Educación, Sanidad y Servicios Sociales están bastante limitadas, y si el 20% de lo que entra en la caja común deja de hacerlo, nos perjudicaría bastante».

Cataluña viene asegurando que está mal financiada, algo en lo que no coincide el decano: «Lo que tiene es un endeudamiento muy elevado y ahí hay mucho que discutir, porque en parte obedece a una mala gestión».