Fade advierte de que la ley de empleo público no resuelve la sobredimensión de la Administración

Concretamente, durante su comparecencia en la Comisión de Administración, Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, en la que la patronal participó a propuesta del grupo parlamentario Ciudadanos, González puso varios reparos a la nueva ley: la excesiva burocratización de la Administración pública, los escasos avances en materia de digitalización y su elevada dimensión.

El empresario inició su comparecencia advirtiendo del peso cuantitativo que el sector público tiene en Asturias, señalando que aporta el 27% de los asalariados de esta región, y poniendo énfasis en su reflejo sobre los presupuestos autonómicos, puesto que se lleva el 36% del mismo. Y concluyó su intervención, en respuesta a una cuestión planteada por el diputado popular Javier Brea, asegurando que «no necesariamente» una mayor dimensión de la Administración garantiza la «eficacia y eficiencia» que se persigue. «Al contrario -añadió- una administración más manejable podría ser más barata y más eficiente». Eso sí, la patronal entiende que la redimensión de la Administración debe ir aparejada de menos burocracia y más digitalización, cuestiones que tampoco quedan resueltas con la nueva ley.

Sobre el primer punto responsabilizó en primer lugar al legislador, por someter al ciudadano a una excesiva normativa, pero señaló que existe margen de mejora a través de esta nueva normativa para mejorar la capacidad organizativa de la Administración regional. En relación a la digitalización, González alertó de que «no se están dando los pasos necesarios» por parte del Principado de Asturias pese a que «vamos hacia un mundo en el que el entorno digital es inevitable».

Tanto González como el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, quien también intervino en la Comisión a propuesta de Ciudadanos, aplaudieron la incorporación en la nueva ley de Empleo Público del sistema de incentivos con el que el Principado pretende premiar al funcionario más efectivo y motivar así una mayor productividad. Sin embargo, su defensa de este sistema de retribuciones complementarias choca frontalmente con la opinión del grueso de los sindicatos que ayer también comparecieron en la Comisión, y que coincidieron en advertir del riesgo de este tipo de «premios». Fue especialmente crítico con este planteamiento Joaquín Arce, en representación de CC OO, quien intervino a propuesta de IU, y que rechazó el sistema del «palo y la zanahoria» que en su opinión se quiere implantar con la nueva ley. Argumentó que quedaría a discreción del «consejero de turno» el reparto del complemento de productividad, convirtiéndose en «fuente de conflictos y clientelismos». También Javier Álvarez Villa, en representación de la asociación Conceyu por Otra Función Pública, manifestó serias dudas sobre que este tipo de complementos puedan mejorar el funcionamiento de la función pública. Igual de polémico resulta la creación de la figura del subdirector general, aplaudida por Paniceres para una «gestión ágil, rápida y competitiva», frente a la postura de los sindicatos, que entienden que únicamente busca favorecer la creación de más puestos de libre designación.