Los empresarios denuncian que el pacto fiscal con Cataluña usa a Asturias como «rehén político»

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) ha sido una de las primeras en alzar la voz ante este tipo de acuerdos «políticos» que, según denuncia, «atentan directamente contra la igualdad de todos los españoles y contra el principio de cohesión territorial sobre el que se sustenta nuestro Estado». Ayer, a sólo tres días de que se formalice este pacto, la presidenta de la patronal asturiana, María Calvo, mostraba su preocupación ante los avances de esta financiación singular. «No podemos permitir que, por motivos exclusivamente políticos, se articulen fórmulas que favorezcan a unas comunidades en perjuicio de otras», denunció.

Desde Fade entienden que una medida de este tipo «rompería los pilares básicos del modelo fiscal, como la caja única, la solidaridad interterritorial o la igualdad en el acceso a los servicios públicos». Pero además, un sistema diferenciado para Cataluña tendría un impacto directo sobre regiones como Asturias, que «podrían ver comprometida su capacidad de financiación y, por tanto, su desarrollo económico y social».

«Lo que necesita España no son concesiones asimétricas, sino una reforma profunda del sistema de financiación autonómica que lo haga más justo, transparente y equitativo», señala la organización empresarial, que insta al Gobierno del Principado a asumir una postura «firme, clara y contundente» en defensa de la igualdad entre territorios.

No sólo la patronal se ha manifestado en esta línea. Desde la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres también mostró su rechazo a la cesión de la recaudación del IRPF a la Generalitat. En primer lugar, dijo, porque «no estamos conformes con que un impuesto se transfiera de forma unilateral y sin consenso», pero también al entender que se trata de una decisión política del Gobierno de Pedro Sánchez para «asegurarse apoyos en el Congreso» que, en su opinión, evidencia la «debilidad» del Ejecutivo. Además, Paniceres denuncia que esta medida «fragmenta el sistema fiscal y creará diferencias arbitrarias entre territorios, distorsionando la atracción de inversiones y provocando desventaja competitiva a empresas y trabajadores».

Su homólogo en Gijón, Félix Baragaño, sostiene que deben garantizarse los servicios en igualdad de condiciones independientemente de donde se viva y para ello «deben tenerse en cuenta factores como el envejecimiento y la despoblación para llevar a cabo posibles ajustes. Pero esto nada tiene que ver con acuerdos de financiación bilaterales». Baragaño insta al Gobierno regional a mantener una posición firme en defensa de la «financiación equitativa» y rechazar cualquier tipo de acuerdos bilaterales. «No se deben permitir ventajismos por un lado ni aparentes compensaciones por otro, que solo suponen privilegios de unos respecto a otros», dice.

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, exige una competencia en igualdad de condiciones y, ante las amenazas que pueda suponer una financiación singular para Cataluña, reclama al Principado que se mantenga «firme» en la defensa de los intereses de Asturias. Por ello, respalda las últimas declaraciones del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, rechazando privilegios. «Los asturianos no debemos ser rehenes de deudas políticas del Gobierno central con sus socios de legislatura con acuerdos singulares de financiación que vayan en contra del principio de solidaridad entre territorios contemplado en la Constitución Española», declaró.

Pero la controversia en relación con el acuerdo de financiación que se adoptará el lunes en la comisión bilateral Estado-Generalitat ha generado polémica también fuera de Asturias. Tanto, que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a no promover «ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras partes de nuestro territorio» y «otras comunidades autónomas».

Aunque sus palabras no parecen convencer a la oposición, que exige una reforma del sistema de financiación «sólida» producto de un pacto multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no modelos «impuestos por la necesidad de sostener una mayoría parlamentaria para seguir gobernando el país», reprochó el líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, quien instó a posicionarse al respecto al presidente de Asturias, Adrián Barbón y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.