La Fiscalía de Asturias archiva una denuncia por cohecho presentada contra Mallada

La Fiscalía Superior de Asturias archiva una denuncia presentada contra Teresa Mallada, presidenta del PP asturiano; Pablo González, portavoz adjunto del partido en la Junta y Joaquín Fernández Díaz, quien fuera vicesecretario de comunicación de esta formación y principal investigado en la trama asturiana de Pokemon. La denuncia por un presunto delito de cohecho se remonta a octubre de 2020 y parte de la Plataforma en Defensa del sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) que, previamente, remitió un escrito a la dirección del PP nacional en relación a los gastos de la auditoría de Hunosa durante la etapa de Mallada al frente de la hullera pública, advirtiendo de su posible vinculación con la operación Pokemon y la operación Kitchen.

El director de la asesoría jurídica del partido, Alberto Durán, instó al denunciante a presentar el escrito ante la Fiscalía si consideraba que había indicios de delito, y así lo hizo. La denuncia fue registrada inicialmente ante la Fiscalía de Galicia que, por su parte, a finales de octubre remitió las diligencias a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, según un documento al que tuvo acceso este diario.

El 27 de noviembre de 2020 la Fiscalía del Principado de Asturias incoó diligencias de investigación, nombrando a un Fiscal instructor.

En la denuncia se recogían, según explica el ministerio fiscal, los siguientes hechos. Por un lado,el pago con cargo a la empresa pública Hunosa de gastos privados efectuados por Teresa Mallada, cuando ejercía el cargo de presidenta de Hunosa, diligencias de investigación que ya fueron archivadas por Decreto de 19 de junio de 2019 por no ser los hechos constitutivos de delito. Por otro lado, la falta de contestación adecuada, según el denunciante, a la petición de información efectuada por el denunciante a Hunosa, al amparo de la Ley 19/2013 de Transparencia. Y, en tercer lugar, las adjudicaciones de contratos a Joaquín Fernández Díaz en Hunosa y en los Ayuntamientos de Oviedo y de Gijón relacionadas, según el denunciante, con las operaciones «Pokemon» y «Kitchen».

Las diligencias de investigación fueron archivadas por decreto de 2 de diciembre de 2020, en base a las siguientes consideraciones. En pirmer lugar, en cuanto al pago con cargo a la empresa pública Hunosa de gastos privados efectuados por Teresa Mallada cuando ejercía el cargo de Presidenta de Hunosa, porque «no se aporta ningún hecho o dato distinto de los que ya constaban en las Diligencias de Investigación número 84/2019». En cuanto a la falta de contestación adecuada, a juicio del denunciante, a la petición de información efectuada por el denunciante a Hunosa, al amparo de la Ley 19/2013 de Transparencia, porque entiende la Fiscalía que «es una cuestión de carácter meramente administrativo que no tiene relevancia penal». Y, en tercer lugar, en relación a las adjudicaciones de contratos a Joaquin Fernández, porque tal y como señala el propio denunciante «esos hechos están relacionados con procedimientos judiciales abiertos y aporta reseñas periodísticas que se refieren a ellos, con conversaciones que figurarían en esas diligencias». Además, añade la Fiscalía, el denunciante «se limita a afirmar su existencia, sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos». «Una interpretación de la norma que no desconozca el sentido común conduce a sostener que no se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos meramente sospechosos, por si los mismos pudiesen ser constitutivos de delito, es decir, una investigación prospectiva, sin aportar un indicio objetivo de su realidad de conocimiento propio del denunciante. De lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia», argumenta la fiscalía.

Además, a mediados del pasado mes de enero el denunciante presentó un nuevo escrito y documentación, que, tras someterlos a estudio, el Fiscal instructor concluyó que no añadían ningún dato a lo ya aportado, por lo que se remitió al decreto de archivo del 2 de diciembre de 2020.