La fiscalía reconoce que no ve delito en el 'caso Gitpa' tras seis años de investigación

Las sospechas esbozadas en aquellos informes fueron subrayadas por el PP y Podemos, que llegaron a promover en la Junta General una comisión de investigación a la que se llegó a citar a 55 testigos; el dictamen concluyó reprobando al expresidente Vicente Álvarez Areces y tres de sus consejeros por «irregularidades». A resultas del supuesto escándalo, el Principado optó por destituir al gerente de Gitpa de aquel momento y financiar todas las periciales que le reclamó el juzgado y que concluyeron que la obra que centraba las sospechas se había hecho sin malversar fondos.

Seis años y medio después la Fiscalía reconoció ayer que bajo tanta polvareda no aprecia indicios de delito. Solicita el archivo de la instrucción penal porque «no queda acreditada la concurrencia de los presupuestos de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, por lo que procede el sobreseimiento provisional solicitado, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y contables a las que pudiera haber lugar».

La polémica se centraba en la extensión de la red de fibra óptica al occidente. En 2009 el Principado encomendó a Gitpa que impulsara esa obra. En 2010 la empresa pública adjudicó la actuación a la empresa Comfica y un año después se liquida la actuación. La administración regional abona los 10,5 millones comprometidos a Gitpa.

El informe elaborado por la jefa de servicio y el técnico subraya que el cable se extendió sobre terrenos de Feve, razón por la cual Comfica habría dejado pagado un canon de paso durante 15 años. El dictamen que desata la polémica asegura que el Principado no es titular de la instalación por hacerse en suelo ferroviario y que ese acuerdo se hizo vulnerando el pliego de condiciones. La fiscalía asume la tesis que llevan seis años repitiendo los investigados: el pliego dice que la obra se hará siguiendo la Ley General de Telecomunicaciones y esta a su vez establece que los cables se deben echar preferentemente sobre suelo público, lo que exige el pago de un canon. Los mails cruzados entre la consejería, Gitpa y los licitadores muestran que sobre esa base trabajaban todos, incluido el técnico que luego firmó el dictamen de la sospecha.

Aquel informe cuestionó que había discrepancias entre las tarifas y sumas que puso la consejería a Gitpa, y las que esta aplicó a Comfica. La Fiscalía concluye que «Gitpa no facturó al Principado más cantidad del importe total de la encomienda» y reduce el debate a la «discrepancia sobre interpretación de la forma adecuada de facturación», algo que «es una cuestión administrativa» pero no penal.