Cogersa fracasa en el primer intento de que la industria queme su combustible
El consorcio ofrecía 16 millones a quien consumiera toda la producción de un año, pero los tres aspirantes que se postularon incumplieron las bases. La entidad volverá a convocar otro concurso
El pasado día 2 de enero el Consorcio de gestión de residuos (Cogersa) puso a funcionar la «plantona», una fábrica que procesará las bolsas de basura que los asturianos arrojan al contenedor que no es de reciclaje. La instalación someterá a los materiales a distintos procesos de recuperación, produciendo al cabo de los mismos unas 150.000 toneladas de Combustible Sólido Recuperado (CSR). Se trata de unos fardos de desperdicios desecados, triturados y cribados con un limitado poder calorífico.
Cogersa es la única entidad de España que, produciendo CSR, no tiene una instalación asociada para darle utilidad. Para resolver esa ecuación licitó un contrato en el que se ofrecía a pagar un máximo de 16 millones a las industrias que le retiraran el material producido durante un año y lo aprovecharan en sus calderas. El contrato contemplaba una posible renovación por un segundo año.
Tras un estudio de mercado previo el consorcio explicaba que esto de pagar hasta 100 euros por cada tonelada de producto era una situación coyuntural, fruto de las escasas instalaciones que podían aprovecharlo, pero que sabía de proyectos en marcha que a partir de 2025 podrían consumir el combustible. Entre ellos cabe citar La Pereda, térmica cuya transformación acaba de adjudicar Hunosa con vistas a que a partir del segundo semestre de 2025 pase a funcionar con biomasa y CSR.
Tres fueron los aspirantes al contrato de los 16 millones. Tudela Veguín trató de hacerse con parte del material para la cementera de Aboño, pero su oferta llegó fuera de plazo y tuvo que ser excluida. Hunosa se postuló para emplear algunas toneladas en un proyecto piloto, pero no justificó bien la propuesta. Lo mismo le ha ocurrido al tercer aspirante, CTC Servicios Ambientales S.L., empresa de transportes de residuos de Madrid vinculada a una planta de reciclaje de plásticos. En su sesión del 15 de diciembre la mesa de contratación excluyó a la primera y en la de ayer determinó que las otras dos no habían acreditado la solvencia técnica exigida conforme a lo que requerían los pliegos.
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Según estas bases, los aspirantes debían especificar la instalación donde iban a utilizar el CSR, aportar un compromiso del titular de la misma de que en efecto consumiría el material, además de presentar los permisos de que en efecto está autorizado a quemar dicho combustible.
Dada la situación, la mesa de contratación de Cogersa declaró desierta esta parte del concurso y la entidad se prepara para volver a licitar el encargo, en la esperanza de que los aspirantes preparen mejor la oferta la próxima vez.
La gerente de Cogersa, Paz Orviz, analizó la situación con confianza: «Queremos extraer conclusiones positivas del trabajo realizado, y una de ellas es que hay mercado para el CSR asturiano, porque se constata que hay diversas plantas interesadas y con capacidad técnica para tratarlo en el conjunto del país».
Dos años como límite
Toca volver a tramitar el concurso, ahora con los plazos más apurados. Legalmente el CSR tiene categoría de residuo no peligroso, lo que implica que Cogersa puede almacenar los fardos que ha empezado a producir un tiempo máximo de dos años. Pasado ese tiempo debería arrojarlos al vertedero central.
El escaso número de aspirantes evidencia que, incluso pagando 100 euros por tonelada, el producto tiene difícil colocación. En España hay cementeras e incineradoras donde es posible echar el CSR pero no han considerado que el precio les compense meter en sus calderas una materia con ciertos niveles de humedad.
Lo que ahora está en juego, en todo caso, es una solución transitoria. El Principado ha iniciado los trámites para elaborar un nuevo plan de gestión de residuos que deberá aclarar si convenie levantar en Asturias una instalación que aproveche el CSR, aplicando qué tecnología, y bajo qué modelo de gestión. Tanto la consejera Nieves Roqueñí como su socio de gobierno, IU-Convocatoria, son partidarios de procesos denominados como valorización química, algo que está en la vanguardia de la tecnología pero que hasta ahora ha tenido escaso desarrollo a nivel industrial.
