El Gobierno descarta reformas legislativas para afrontar el fin del estado de alarma

El 10 de mayo las comunidades autónomas volverán a la casilla de salida aunque con la experiencia de más de un año gestionando medidas contra la pandemia. Unas, las más restrictivas, se han hecho bajo el paraguas de los dos estados de alarma decretados en estos meses; otras, sin él, con el margen legal del que disponen. Por lo pronto, el Gobierno asturiano no ha realizado ningún pronunciamiento oficial sobre el anuncio de Pedro Sánchez aunque fuentes del Ejecutivo piden «prudencia» a la espera de ver cual es la evolución epidemiológica y en qué situación se encuentra Asturias, y España, en mayo. De hecho, estas mismas fuentes aseguran que el Gobierno regional esperará hasta esas fechas para fijar su posición. Por el camino, aún quedan dudan que esperan que se resuelvan en las próximas semanas. La principal, las herramientas de las que dispondrán las comunidades autónomas para hacer frente a la pandemia, ya sin estar bajo el paraguas del estado de alarma.

Si durante los primeros meses, semanalmente se celebraron Conferencias de Presidentes, en este caso la decisión anunciada el martes no fue comunicada en ese ni en otro foro a los presidentes autonómicos. Salvo un giro de timón de última hora, el Ejecutivo central no solo no se plantea prorrogar el estado de alarma sino tampoco realizar reformas legislativas para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a la crisis sanitaria. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, defendió ayer que las autonomías disponen ya de «instrumentos» suficientes a su alcance para manejar las situaciones venideras. Además, el Consejo Interterritorial de Salud -cuyas decisiones son de obligado cumplimiento- deberá complementar este conjunto normativo. «Tenemos una legislación sanitaria que nos permite muchas respuestas en emergencias sanitarias, en emergencia de pandemia... No hay que modificar ni añadir nada para abordar el 10 de mayo», insistió durante una visita a Mérida.

Uno de esos instrumentos sería la ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que en su artículo 3 establece que «con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible». En esa y otras normas se apoyaron varias comunidades para decretar cierres perimetrales entre septiembre y octubre del pasado año, tras el estallido de la segunda ola de la covid. Pero las respuestas de los tribunales de justicia a esas medidas limitativas de derechos fundamentales fueron desiguales y fue eso, precisamente, lo que llevó al Gobierno a recurrir de nuevo en diciembre al estado de alarma con un esquema de «cogobernanza».

El Gobierno asturiano ha sido uno de los más combativos durante la pandemia en sus reclamaciones al Ejecutivo central. Fue de las comunidades que pidió que se prorrogara el estado de alarma hace casi un año, cuando se estaban concluyendo las fases de desescalada que desembocaron en un verano sin restricciones. Ya en octubre, ante el aumento de casos, Adrián Barbón se plantó, junto a otros presidentes autonómicos, ante Pedro Sánchez en la exigencia de ese decreto. En él se incluyeron las dos reivindicaciones abanderadas desde el Principado: la cobertura jurídica para poder imponer un toque de queda y la capacidad para prohibir las entradas a la región.

En cualquier caso, la contundencia con la que Carmen Calvo descarta ahora una alternativa jurídica al marco de excepcionalidad constitucional en el que España ha vivido, de manera interrumpida, nueve meses contrasta con lo que ella misma planteó en mayo del año pasado, cuando aseguró que el Ejecutivo estudiaría modificaciones legales. Un plan B jurídico que acordó con Ciudadanos y Esquerra para obtener la autorización del Congreso a prorrogar el estado de alarma hasta el final de la desescalada y que la comisión de reconstrucción avaló en julio para afrontar futuros rebrotes. Pero la Abogacía del Estado consideró que esta reforma legal no era conveniente y que incluso podría considerarse de dudosa constitucionalidad utilizar legislación ordinaria para restringir derechos fundamentales, como el de reunión.

El PP, por el contrario, considera que sí es necesaria una legislación específica y alternativa al estado de alarma. Los populares llevan casi un año reclamando la reforma de dos viejas leyes orgánicas -la de Medidas Especiales de Salud Pública y la que regula la jurisdicción contencioso-administrativa- para crear un paraguas jurídico consistente con el que las comunidades puedan adoptar medidas restrictivas sin autorización judicial. «Tras 100.000 muertos Sánchez sigue rechazando nuestra ley contra pandemias», lamentó ayer Pablo Casado, que volvió a tender la mano al jefe del Ejecutivo para diseñar un armazón jurídico alternativo antes del 10 de mayo.

Los populares se quedaron solos el pasado noviembre cuando llevaron su propuesta al Congreso, entre fuertes críticas incluso de Ciudadanos y Vox, que cargaron contra una iniciativa «engañosa». Los liberales argumentan que solo los estados de alarma, excepción o sitio permiten suspender derechos fundamentales. Por lo tanto, traspasar esa competencia a leyes ordinarias, como propone el PP, equivaldría a permitir que los gobiernos tomasen ese tipo de medidas «sin control alguno».