El Gobierno oculta su inversión en Asturias: los expertos piden las cuentas claras

EL COMERCIO desveló ayer cómo una decisión política del Gobierno central ha provocado que esos informes dejen de ser públicos. La Junta General solicitó por unanimidad que el ministerio volviera a divulgar ese material. El Principado trasladó ese requerimiento y ha expresado que preferiría que el material volviera a ser público. El Consejo estatal de Transparencia, diseñado para velar por el cumplimiento de la ley homónima, instó al ministerio a facilitar los últimos informes y revelar «quién y en qué fecha» tomó la decisión de dejar de publicarlos.

Ha dado igual. Aunque las resoluciones del consejo son jurídicamente vinculantes, el departamento que dirige María Jesús Montero prefiere seguir ignorando todas esas peticiones. Desde 2022 no se publican los datos y a partir del mes que viene, como sustitutivo, se dará a conocer una nueva estadística con la inversión del Ministerio de Transportes sobre el ejercicio que se cerró hace casi doce meses.

La noticia solivianta a los expertos en transparencia y regeneración democrática, que apremian a que una reacción política y social impida este paso atrás. «Es una muy mala noticia que la Intervención haya dejado de publicar el informe y peor aún que esto no genere una mayor reacción por parte de las administraciones regionales, que dependen de esos datos para vigilar el cumplimiento de lo prometido», sostiene David Cabo, director de la Fundación Civio, organismo que lucha contra la opacidad. «Sin información oficial estamos a merced de filtraciones y bulos, y la desconfianza se dispara», añade. Civio lleva más de diez años analizando la realidad de los presupuestos estatales y constata que su aprobación «se publica con mucho detalle (y fanfarria), con todo tipo de desgloses, pero la ejecución se publica tarde y mal».

La Fundación Hay Derecho promueve la regeneración institucional y la lucha contra la corrupción. Elisa de la Nuez, su secretaria general y abogada del Estado, subraya que la estadística se oculta «justo en un momento en el que la financiación autonómica está en primera plana del debate público» y se hace bajo motivos «que no son explicados ni explicitados». El sustitutivo, una estadística de un solo ministerio (el de Transportes) once meses después del cierre del año, cuando antes la Intervención retrataba a todos en solo cuatro meses, también le llama la atención: «La información tardía no produce el mismo efecto».

«La impresión no sólo es que el cambio es muy negativo, sino que no tiene más justificación real que probablemente la de evitar conflictos políticos adicionales con las comunidades derivados de la pobre ejecución en sus territorios, en un momento de máxima fragilidad del Gobierno central y en que se va a poner sobre la mesa el debate del 'cupo catalán'», argumenta. El hecho de que las resoluciones del Consejo de Transparencia queden sin cumplir es «sencillamente intolerable y una burla para la ciudadanía», afea. «El camino más fácil para evitar la transparencia empieza a ser, sencillamente, el de no cumplir las resoluciones de los órganos de garantía. Total, no pasa nada, ni política ni jurídicamente», abunda.

Ricardo Curto, profesor de la Universidad de Oviedo especializado en la materia, concluye que «los pasos hacia atrás no deben estar permitidos y una serie estadística que comenzó antes de la Ley de Transparencia de 2013 y de la constitución del Consejo de Transparencia, y que es relevante para la rendición de cuentas, no debería cancelarse y mucho menos sin realizar una exposición justificada de los motivos que originan la decisión».