El Gobierno central se salta la ley para dejar de publicar lo que realmente invierte en Asturias

Por partes.

En 2003 salió aprobada la Ley General Presupuestaria. Su artículo 135 encarga a la Intervención General del Estado que cada seis meses ponga a disposición de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales la «información regionalizada sobre el grado de ejecución de la inversión real del Sector Público Estatal».

Nacía así la obligación de poner negro sobre blanco la realidad de las promesas de inversión. Como es sabido, una cosa es aprobar los presupuestos del Estado y anunciar en ellos millonadas a esta obra y aquel territorio, y otra distinta cumplir. La misión de pasar a limpio las cuentas quedaba reservada a la Intervención General, lo que aseguraba una información sistematizada, neutra y aplicando los procedimientos de contabilidad de sus técnicos.

La cosa tardó. La Intervención, dependiente del Ministerio de Hacienda, «comenzó a elaborar en 2009» esos informes, según explica en su web, es decir, siete años después. No sería hasta 2010 cuando por Ley se creara la citada Oficina Presupuestaria a la que se debían pasar esos informes. El preámbulo de la norma reconoce que la oficina «ha sido y es una reclamación constante de los distintos grupos parlamentarios»; se trataba de contar con un órgano técnico que ayudara al control de las finanzas públicas. En 2011 las mesas del Congreso y el Senado regulan el funcionamiento de la oficina, con un formato que limita su acceso a los diputados. Pueden pedirle esos informes de ejecución en la comunidad de la que salieron elegidos, pero siempre que tengan «el visto bueno de su portavoz» parlamentario.

Con todo, el Gobierno central de la época decidió que, ya que iban a hacer esos estadillos, les daría carácter público. La serie de «distribución territorial de la inversión pública del sector público estatal» se incorpora así al Plan Estadístico nacional 2013-2016, y se mantiene en los de 2017-2020 y 2021-2024. También en cada plan anual, según refleja el Inventario de Operaciones Estadísticas del INE, que recopila todo lo que en la materia hace el sector público estatal. Cada uno de estos programas se blinda en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en forma de real decreto.

Esos pasos, técnicos y burocráticos, son los que han hecho posible que durante trece años todo ciudadano, partido y gobierno autonómico tuviera a su disposición saber la realidad de la inversión estatal en su comunidad. La web de la Intervención ofrecía esa serie estadística en abierto y con actualizaciones semestrales.

Revisar lo que ese trabajo ha revelado de Asturias es de interés. Entre 2009 y 2015 el Estado solía ejecutar inversiones muy por encima de lo anunciado. El Presupuesto General de 2009, por ejemplo, consignó 227,3 millones para avanzar tramos en la autovía del Cantábrico o la del suroccidente (por citar algunas obras) pero hubo abundancia y buena gestión y al final se liquidaron inversiones por importe de 319 millones.

En ese contexto al Gobierno central le favorecía que los datos tuvieran la máxima difusión posible. Que todo el mundo supiera que hacía más de lo previsto.

La cosa empieza a cambiar en 2016. Intervención incorpora a sus informes la parte de la inversión que el presupuesto encomendaba a las empresas estatales (caso de Adif o Renfe, por ejemplo). Pasa eso y que los recursos menguan. Desde ese año es una constante que la realidad de lo invertido quede lejos de lo anunciado.

Así se llega al escándalo del presupuesto de 2021. Desde la Delegación del Gobierno y el Principado se defendieron aquellas cuentas como «históricas», las que mejor trataban a Asturias, con 365,6 millones de inversión. Algo así había que repetirlo mucho, cada mes, en cada debate. Cuando Intervención presentó su informe anual evidenció que no, solo se había ejecutado un 40,51% de lo anunciado, menos fondos que en 2020. Peor salía Cataluña, con un 35,7%.

Adrián Barbón, como presidente del Principado, y Pere Aragonés, desde la Generalitat, pusieron el grito en el cielo. El asturiano reaccionó con un «maratón ministerial» de dos días en Madrid con los titulares de Agricultura, Industria, Transición Ecológica y Transportes, para pedirles cuentas. Volvió con compromisos, anuncios, promesas. Semanas después Intervención publicó los datos del primer semestre de 2022, con una inversión ejecutada en Asturias de 80,1 millones, levemente mejor que el curso anterior pero que apenas suponía el 22% de lo consignado para todo el año. El dato evidenciaba que 2022 iba también a terminar lejos de lo prometido.

¿Qué ocurrió después? Un apagón progresivo.

El calendario de Intervención especificaba que el 30 de mayo de 2023 daría a conocer la realidad del curso anterior. Llegó la fecha y no publicó ese informe. El 29 de septiembre tenía comprometido relevar la inversión del primer semestre de 2023 y tampoco.

El retraso se convirtió en apagón definitivo el 20 de enero de este año con 23 palabras elevadas al BOE por el Ministerio de Economía: «La operación 8505 Distribución Territorial de la Inversión del Sector Público Estatal causa baja en el Plan Estadístico porque deja de realizarse». El real decreto de 2024 que las incluye pone así fin a una serie estadística homogénea que nació por una ley de 2003.

Ahora y en su lugar lo que se publicará es la inversión territorializada de un solo ministerio, el de Transportes, y con el retraso suficiente como para diluir su interés. El mes que viene está previsto que se divulgue el trabajo de 2023. No hay razón técnica para ese decalaje. Intervención era capaz de tener las cuentas anuales de todos los ministerios solo cuatro meses después del cierre del año, y ahora, reduciéndose la operación a un solo departamento, se tardarán más de once meses.

El pasado marzo la Junta General del Principado aprobó por unanimidad pedir que se vuelva a publicar los informes de Intervención. Sin éxito. En agosto el Consejo de Transparencia, encargado de velar por el correcto cumplimiento de la ley homónima, emitió una resolución censurando la actitud de Hacienda, ordenando que publique los informes que no vieron la luz e identifique «quién y en qué fecha» decidió dejar de divulgarlos. El dictamen se sigue sin cumplir.

Este periódico dirigió repetidas solicitudes de información a los ministerio de Montoro y al de Economía. Ambos declinaron hacer comentarios.

La Ley de Transparencia, en vigor desde 2013, señala que «sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos».