El Gobierno hace en Galicia lo que no aplica en Asturias: baja peajes con el descuento no usado

La pasada legislatura Pedro Sánchez necesitaba los votos del BNG para ser investido primero y sacar adelante los presupuestos después. A cambio de ese apoyo, los nacionalistas gallegos lograron que en el verano de 2021 se implantara un nuevo sistema de bonificaciones en la AP-9 de una escala distinta a lo conocido hasta la fecha. En total el Ministerio de Transportes calcula que le supondrá un desembolso de 2.300 millones hasta 2048.

El caso gallego obligó a mover ficha también en Asturias. Para diluir la sensación de agravio comparativo, el ministerio activó en 2022 una mejora de las bonificaciones hasta entonces existentes que, según anunció, le implicarían unos 606,8 millones hasta el final de la concesión, en 2050. Tal y como viene desvelando EL COMERCIO, el problema es que en realidad el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dejó un techo de gasto aprobado para esos años que permite destinar hasta 867,7 millones a las rebajas de los usuarios del Huerna. Es decir, que incluso cumpliendo las previsiones de tráfico que ha trazado el ministerio para las próximas tres décadas, se estarían dejando 260,9 millones sin aprovechar respecto al compromiso sellado en época del leonés.

La diferencia de calibre es evidente. En 2023 el ministerio consignó 56,3 millones para financiar descuentos en la AP-9 y 15,7 en el Huerna. Hasta el 30 de noviembre de los 6,2 millones que había para bonificaciones a vehículos ligeros en la AP-66 se hab-ían utilizado 3,3, con lo que, a un mes del cierre del año, todo indica que quedarán de nuevo millones sin utilizar. Algo en lo que llueve sobre mojado. El techo de gasto permitía destinar 64 millones a descuentos de vehículos ligeros en los últimos 14 años, suma de la que solo se ha aprovechado 23,3.

El sistema pactado con el BNG para la AP-9 y estrenado un año antes que la mejora del Huerna está preparado para no dejar sobrantes sin utilizar. Según el último informe de Intervención General del Estado a 30 de noviembre de los 56,3 millones que había para aliviar las facturas a los conductores gallegos se habían utilizado 32,2. Es decir, en puridad todo apuntaría a que aquí también va a quedar presupuesto desaprovechado.

Pero no. Todo está previsto. Según la memoria económica del real decreto que estableció el nuevo sistema, para 2022 el ministerio calculaba que a lo sumo se le irían 47,2 millones en bonificaciones, pese a lo cual metió en el presupuesto 54,9. En 2023 esperaba que el gasto en bonificaciones creciera hasta los 48,7 millones, y sin embargo, queda dicho, reservó 56,3.

¿Por qué parece 'sobrepresupuestar' las bonificaciones? Porque en realidad tiene establecido que el dinero de esa partida que no se vaya en financiar descuentos se reinvierta luego en ir aminorando una deuda viva con Audasa para poder así contener las subidas de tarifas.

En su día el ministerio acordó que la concesionaria hiciera una serie de mejoras en la infraestructura y a cambio le compensaría por ello. Lo que no abone, lo acaba poniendo el conductor mediante una subida de precios establecida. Para tratar de frenarla es para lo que Transportes deja dinero sobrante en esa partida presupuestaria.

De esta forma, los fondos consignados siempre acaban beneficiando al cliente de la AP-9. Bajo el sistema de bonificaciones de la AP-66, lo que no se utiliza, se lo ahorra el ministerio y lo puedo dedicar a otros fines.

Más diferencias. En el Huerna los coches logran descuentos a partir del tercer recorrido completo al mes. Los dos primeros el usuario tiene que pagarlos íntegros. En la AP-9 si el conductor llega al número de tránsitos exigido, la bonificación se aplica sobre todos los que hizo, devolviéndole al final de mes lo que le corresponde.

Última distinción. En esta legislatura el BNG vuelve a ser clave, y ya tiene el compromiso de que el próximo presupuesto incluirá una mejora de las bonificaciones. Cuando se pregunta al ministerio por las de la AP-66 pide esperar a ver cómo evoluciona el sistema.