Gonzalo Montoya reclama 50.000 euros por haber sido dado por muerto

Gonzalo Montoya, el hombre que fue dado por muerto erróneamente cuando cumplía condena en la cárcel asturiana, solicita ahora a Instituciones Penitenciarias una indemnización de 50.000 euros por los daños y perjuicios sufridos. Asistido por el despacho de Luis Tuero, el exconvicto cursa esa reclamación patrimonial y lucha por mantener abierta una investigación penal contra el entonces director de la prisión como responsable institucional de un supuesto delito de lesiones por imprudencia. El Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo archivó esa denuncia el pasado mayo al no apreciar dicho ilícito; los letrados apelan por su parte a la Audiencia Provincial aduciendo que la instructora trató de «dar carpetazo al asunto a la mayor brevedad».

Los hechos se remontan al 7 de enero de 2018. Durante el recuento de las ocho de la mañana los funcionarios del módulo 8, al llegar a la celda 34, encontraron inconsciente e inmóvil a Montoya en el habitáculo que ocupaba en soledad. Fueron requeridos los servicios médicos del centro penitenciario, quienes examinaron «superficialmente» al entonces reo, «concluyendo precipitadamente que había fallecido y llegando incluso a certificar su muerte», según el relato de la reclamación. El cuerpo de Montoya fue introducido en una bolsa de plástico «de las utilizadas para el transporte de cadáveres y trasladado en un vehículo de Funerarias Santa Teresa», agrega. Cuando el cuerpo «iba a ser colocado en la mesa de autopsias, comentó a emitir ronquidos y gruñidos y a moverse, por lo que el personal del Instituto de Medicina Legal abrió la bolsa, encontrándose a Gonzalo consciente, muy agitado y con graves dificultades para respirar, por lo que fue trasladado de urgencia al HUCA».

Presentaba un cuadro de hipotermia, rabdomiolisis, insuficiencia renal aguda, aciodisis metabólica, coagulopatía y neuroapraxia en nervio ciático izquierdo, según el parte médico. Pasó diez días ingresado y «sometido a un fuerte tratamiento farmacológico y siendo también necesario aplicare varias sesiones de hemodiálisis para salvar sus riñones», refieren los abogados.

Sus escritos admiten que en la celda su cliente sufrió una intoxicación por drogas, pero ponen el foco en el tiempo que pasó sin atención médica por el erróneo diagnóstico de fallecimiento y el menoscabo tanto para Montoya como para su familia. «Los graves daños y perjuicios físicos sufridos fueron consecuencia directa del erróneo diagnóstico de muerte realizado en el centro», denuncian.

«Pudieron haberlo enterrado vivo; fue mi hijo pero otro día será otro, por eso es importante seguir adelante con esto», comentaba ayer su padre, José Carlos Montoya. «Aún hoy cuando lo tengo conmigo, trabajando, pienso que estuvo a punto de acabar enterrado; eso no se olvida nunca», dice.

Entre los daños alegados está la misma noticia de la muerte. La familia se enteró por otro preso, un funcionario de la prisión se lo confirmó a la esposa de Montoya, y una hora después recibió otra llamada advirtiéndole del error. «Nosotros los gitanos estas cosas las vivimos mucho; yo me 'desparramé' cuando me dieron la noticia y me quedé en el suelo», recuerda el padre.

Instituciones Penitenciarias tiene cierta responsabilidad sobre lo que ocurra con los reos durante su estancia en la cárcel. Tal es así que tras el caso de Montoya dictó una instrucción para que sea obligatorio practicar un electrocardiograma o monitorizar la función cardiaca antes de volver a certificar una defunción.