Industria insiste en que la licencia otorgada a Blue Solving se ajustó a la legalidad

El diputado de Foro registró en la Junta una extensa batería de preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno en relación con la concesión de esta licencia para realizar trabajos en el interior de la mina emplazada en el concejo de Degaña y donde anteriormente ya se había producido otro importante accidente laboral, estando gestionada por una empresa perteneciente a la misma familia. Las preguntas fueron respondidas por escrito y de ellas se desprende, entre otras cuestiones, que la empresa presentó la documentación requerida por la Ley de Minas, el Reglamento General para el Régimen de la Minería y el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Que se tramitó «como cualquier otro proyecto», que el Principado valoró la documentación presentada por la firma «de acuerdo con la norma» y que «no le consta» su experiencia previa. También se aclara que los proyectos aprobados bajo normativa minera «no están sujetos a información pública, con la excepción del Proyecto General de Explotación de una nueva unidad productiva».

Respecto a las reuniones mantenidas por la exconsejera Belarmina Díaz y un representante de Blue Solving, el Principado responde a Pumares que «no le consta la existencia de órdenes del día en dichas reuniones». Y, en relación con el accidente mortal ocurrido en 2022 en la misma mina, el Gobierno justifica su no personación en la causa alegando que «la personación requiere motivar que la Administración del Principado haya sufrido un daño directo, por tanto, personarse es la excepción».

También quiso saber Pumares si es habitual que ocurran fallos como el reconocido por parte del Gobierno regional en relación con el correo electrónico enviado al Servicio de Atención Ciudadana por un denunciante, alertando sobre posibles trabajos irregulares en la mina, y que fue remitido a la entonces dirección general de Minería, pero que nadie leyó. «Los funcionarios atienden sus tareas diariamente», defienden desde la Consejería de Ciencia, quien atribuye el fallo a un «problema sobrevenido con la migración de cuentas» y confía en que el informe de la Inspección de Servicios arroje luz sobre esta cuestión. En todo caso, el Ejecutivo niega que haya funcionarios con correos sin revisar desde 2023 y asegura que no le consta ninguna otra denuncia sin tramitar. Sobre posibles medidas disciplinarias, la consejería insiste en que «lo conveniente» es esperar al informe de la Inspección de Servicios.