El inspector que audita la crisis de los trenes de Feve tiene hasta mayo para cerrar el caso

Contexto. El 24 de enero EL COMERCIO desveló el asunto. Renfe había adjudicado en el verano de 2020 el diseño y fabricación de 31 unidades para el ancho métrico (el asociado a Feve), pero el encargo seguía bloqueado y ni la operadora ni el fabricante explicaban los motivos o ponían plazos. Cuatro fuentes consultadas coincidían en que el trabajo seguía en la fase de ingeniería previa, al fabricante se le remitieron dimensiones de gálibo propias de túneles nuevos y que eso daba como resultado un diseño incapaz de circular en la red existente. En lo que había discrepancias es en si el error partió de Renfe (que hizo el pedido) o Adif (titular de la infraestructura).

La noticia desató un vendaval político y social, en parte por la proyección mediática del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en parte por las tertulias y políticos que hablaban dando por hecho que los trenes existían y se habían malgastado más de 200 millones, lo cual es falso. Los diseños no pasaron de la pantalla de ordenador pero el ruido estaba montado y trascendió las fronteras nacionales. La BBC daba cuenta de ello y medios de comunicación de Francia y Estados Unidos pidieron aclaraciones al ministerio sobre el tema.

¿Cómo se vivía en Transportes en el ojo del huracán? Con incredulidad en unos departamentos, desconfianza en otros.

El 24 de enero, cuando EL COMERCIO destapa el tema, está de visita en Asturias la entonces secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, quien, en una rueda de prensa, confirma el caso, dice que hay una discrepancia con los gálibos y un grupo de trabajo creado para solucionarlo. Estima que en dos años estarán los trenes.

La explicación que ha prevalecido en Transportes es que en ese momento la ministra no había sido informada o no con el debido detalle porque, a nivel de Secretaría de Estado, se entendía que era un problema estrictamente técnico en vías de solución. Revilla lo sitúa en otra órbita al estallar contra «una chapuza incalificable» y exigir que «rueden cabezas» el 1 de febrero, día en el que intenta hablar con la ministra, sin éxito. Estaba en la Cumbre España-Marruecos defendiendo las opciones de las empresas españolas de participar en los planes ferroviarios del reino alauí. A la vuelta devuelve la llamada a Revilla, comparte su indignación y anticipa ceses. El día 4 visita a Cantabria y anuncia que ha encargado una auditoría para «saber y conocer con todo detalle qué es lo que pasó».

La crisis política quedó neutralizada con las dimisiones de la secretaria de Estado, el presidente de Renfe y los 'Acuerdos de la Castellana', que como compensación prometen a Asturias y Cantabria abonos gratuitos hasta que lleguen los trenes nuevos, una renovación completa de la flota de ancho métrico y un comisionado para el Plan de Cercanías.

La auditoría sigue su ritmo. Cumpliendo la orden de la ministra, la Dirección General de Organización e Inspección encomendó el trabajo a uno de sus funcionarios que recabó la documentación del caso. El plazo para cerrar su indagación es de tres meses según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, lo que implicaría que las conclusiones llegarían al despacho de la ministra en mayo, antes de las elecciones autonómicas. Sánchez se ha comprometido con Revilla y Adrián Barbón pasarles la auditoría.

Matiz relevante. El plazo puede quedar en suspenso «cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente».

La orden considera «imprescindible revisar las actuaciones realizadas por los distintos órganos y entidades adscritas al Departamento que hayan participado en las fases de preparación, licitación, propuesta de adjudicación, adjudicación y ejecución del contrato» de suministro de 31 trenes de ancho métrico, así como los dos que se derivaron para la entrega de piezas de repuesto y mantenimiento de parte de la flota durante 15 años.

Renfe fue el responsable de los encargos, si bien cuando surgieron los problemas Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria fueron convocados a mesas de trabajo, interviniendo luego en la situación de bloqueo la propia Secretaría de Estado.

En este tipo de inspecciones -recuerda la orden ministerial- se revisan las decisiones tomadas «atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y calidad. La instrucción de Raquel Sánchez ordena «la colaboración de todas las autoridades y empleados públicos del ministerio, así como de los entes y entidades adscritos al mismo».

El auxilio deben prestarlo «ya les sea éste requerido en atención a su conocimiento concreto del expediente y los contratos auditados, ya lo sea por razón de los conocimientos técnicos que puedan tener sobre cualquier materia que en el curso de la auditoría» se considere relevante.