IU lleva a la Junta la recuperación del Consejo Económico y Social cinco años después de su disolución
Se prevé que formaciones que apoyaron su supresión en la pasada legislatura cambien de criterio para crear un modelo más austero
IU se ha propuesto recuperar el Consejo Económico y Social (CES), que se suprimió en la legislatura pasada con los votos de PP, Podemos, Foro ... y Ciudadanos, y para ello llevará al próximo pleno la pertinente proposición de ley para volver a poner en funcionamiento este órgano. En 2017 únicamente PSOE e IU apostaron por el mantenimiento de este ente, pero la portavoz de IU, Ángela Vallina, se mostró confiada en que ahora habrá suficiente apoyo en la Cámara para recuperar esta institución, constituida en 1998 como órgano de participación y consulta en materia socioeconómica y laboral. Vallina argumentó que ahora existe aritmética parlamentaria suficiente para volver a poner en marcha esta herramienta que facilitará la participación de los agentes sociales, como sindicatos o FADE, en la toma de decisiones. Se trata, destacó, de un mecanismo que existe en otras comunidades y regiones, y no sólo de España, sino también en otros países. «Esto existe en todos los países europeos; es una conquista que se obtuvo después de la Segunda Guerra Mundial y que funciona estupendamente en Europa y que aquí, en España, prácticamente es Asturias la única que ahora no lo tiene».
La decisión de suprimir el CES fue, según Vallina, un error que ahora puede enmendarse. «Esas políticas retrógradas, tenemos la oportunidad ahora de revertirlas y, esperemos, que salga adelante esa creación», declaró. De hecho, fuentes consultadas apuntan a la posibilidad de la iniciativa registrada por la coalición saldrá adelante con el apoyo de alguna, sino varias, de las formaciones que en la legislatura pasada votaron a favor de su disolución con argumentos como la «sobredimensión» de la administración autonómica o su condición de «chiringuito socialista». Para ello, la nueva norma que defiende IU abogará por un ente más austero que el suprimido hace cinco años, puesto que el presupuesto destinado al mismo (unos 600.000 euros, con nueve trabajadores funcionarios) y concretamente las retribuciones de quien fuera su presidente, Nicolás Álvarez, y que ascendían a 64.000 euros anuales, siempre fue motivo de crítica por parte de la oposición.
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