La jueza descarta que Graciano Torre prevaricara y archiva el caso de la TDT

La magistrada-juez Luz Divina García ha cerrado la investigación abierta contra el exconsejero Graciano Torre. Las diligencias se iniciaron a petición de la Fiscalía, quien apreciaba indicios de delito una información desvelada por este periódico. En octubre de 2016 EL COMERCIO informó de que para evitar un apagón masivo en la TDT, el Principado fraccionó un encargo en 156 contratos menores. Todos se adjudicaron a la misma empresa, sin concurso previo, y le reportaron 2,3 millones.

Los contratos eran de mantenimiento de los equipos de retransmisión, y se suscribían a razón de seis al mes. El sistema se puso en práctica en la etapa de Torre, quien firmó 126 de los encargos. «En mi santa vida prevariqué ni firmé nada no avalado por los funcionarios», adujo el exconsejero al conocer la noticia. El fraccionamiento, dijo, lo habrían recomendado los técnicos de su departamento y se acordó «pensando que era lo más correcto y transparente».

Tras declarar como investigado asistido por el letrado Francisco Alonso, del despacho Proley, la fiscalía revisó su criterio. Según su escrito, para producirse el delito de prevaricación «no es suficiente la mera ilegalidad, la mera contradicción con el Derecho, pues ello supondría anular en la práctica la intervención de control de los tribunales del orden Contencioso-administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de actuación del derecho penal». Esta jurisdicción debe ocuparse «de la sanción a los ataques más graves a la legalidad», razonó.

La prevaricación exige que el culpable «actúe a sabiendas de la injusticia de la resolución». Llegados a este punto, la fiscal de delitos contra la administración asume que en Torre «no concurren los requisitos dado que no se produce la contradicción con el ordenamiento tan patente, grosera y esperpéntica exigida por la jurisprudencia». Firmó contratos «en función de las propuestas de los técnicos que ponen de relieve el problema existente» para mantener la señal de la TDT. El conflicto se mantiene, pues desde 2016 el Principado sigue pagando a la misma empresa pese a no hacerle contrato alguno, recuerda.

Por todo ello solicitó el archivo, que la magistrada-juez ha concedido. «Estaba seguro de no haber prevaricado», comentaba ayer Torre. «Lo único que puedo decir es que no es agradable ir a los tribunales», agregó.