La ley de ciencia prevé beneficios fiscales a las empresas para impulsar la investigación

El texto inicial de la ley, que en los próximos días se registrará en la Junta General, ya incluía el mecanismo para alcanzar a ese procentaje de inversión equivalente al 3% del PIB. Así, en los presupuestos autonómicos se irán aumentando de forma progresiva las partidas destinadas a investigación: un 2,4% para este año; un 2,7% para 2025; 3,1% para 2026; 3,5% para 2027; 3,8% para 2028; 4,2% para 2029 y 4,6% para 2030. Será así cuando dentro de seis años se alcance una inversión en I+D+i de 1.075 millones.

¿Es una cantidad procedente en su totalidad de las arcas públicas? No. Según los cálculos del Principado y que el propio consejero de Ciencia, Borja Sánchez, hizo públicos el pasado lunes, el Gobierno autonómico aportará en 2030 unos 237 millones de euros. El resto deberá provenir de las empresas, fundaciones o entidades privadas.

¿Y cómo conseguir que la iniciativa privada aumente también su inversión en I+D+i? Una de las fórmulas será mediante beneficios fiscales. El texto inicial que fue sometido a consulta pública y con el que se elaboró el anteproyecto de la ley ya contemplaba la necesidad de articular estos incentivos para impulsar la investigación en innovación en el tejido empresarial. En el aprobado el lunes se mantiene esta medida, así como la de habilitar recursos financieros o de capital riesgo para que las empresas desarrollen proyectos de I+D+i.

No es la única. Conseguir que el tejido empresarial asturiano disponga del ecosistema adecuado para desarrollar proyectos de investigación también implica una mayor inversión en tecnología. De esta forma, el Principado también se compromete a adquirir tecnología que permita a las compañías asturianas aumentar su competitividad y ofrecer productos de alto desarrollo. También dotar a las empresas de los medios y espacios para poder desarrollar sus proyectos de I+D+i y fomantar la cooperación entre ellas y las entidades de investigación, tanto públicas como privadas.

Además de los incentivos fiscales, desde el Principado, amparado por la ley de ciencia, se promoverán proyectos de colaboración público-privada y abre la puerta a la financiación privada en proyectos estratégicos del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SACI), que será el organismo –una especie de 'CSIC' autonómico– que servirá como inventario y facilitará también la evaluación de todos los agentes implicados en I+D.

También, como otra de las patas importantes para financiar la ciencia en la región que recoge la ley, se fomentará la función del mecenazgo. ¿Cómo funcionará? Mediante donaciones, convenios o programas de apoyo a proyectos y estrategias que impulse el SACI. Asimismo se fomentará la opción del micromenezgo, con el que se busca la participación de personas físicas en los proyectos a desarrollar.