Llamada a la movilización social y política para pedir la supresión del peaje

Así lo hacía el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, quien considera que la sociedad asturiana debería dar un paso adelante y crear una plataforma similar a la que en su momento lideró Alejandro Rebollo —quien fuera diputado nacional por Asturias por UCD y CDS y presidente de Renfe— para exigir la variante de Pajares. «Se trata de una reclamación justa que hay que defender», dijo.

Una reflexión que comparte el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, con quien mantuvo un encuentro ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, y quien también considera una «enorme injusticia» que siga vigente el peaje del Huerna, contra la que hay que «luchar».

A esta llamada a la movilización se sumaba también la Asociación de Transportistas Cesintra. «Estaremos siempre con quien luche por la supresión del peaje, y de una vez por todas se corrija la discriminación que sufrimos todos los asturianos», subrayó el presidente del colectivo, Alejandro Monjardín, muy crítico con la decisión del Gobierno central por no tratar de «buscar una solución» con la empresa concesionaria para suprimir el peaje. «Trasladar esto a los juzgados europeos es dar una patada al balón hacia adelante para que, al final, España acabe condenada y tenga que pagar», entiende el presidente de Cesintra, quien considera que la decisión perjudica políticamente al Gobierno porque «se convierte en tan responsable como el PP por la ampliación».

También muy crítico, aunque en absoluto sorprendido, se muestra Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación Empresarial de Transportes de Asturias (Asetra), con la decisión del Gobierno central. De la Roza avanza que la asociación está valorando personarse como afectada en un previsible proceso judicial en Bruselas y, por ahora, toma nota del llamamiento a la movilización planteada desde la Cámara de Comercio de Oviedo, a la espera de concretarse el alcance de la misma y consultar con la asamblea.

Por su parte, Daniel Ripa, exsecretario general de Podemos y exdiputado autonómico de la formación morada que lideró en la pasada legislatura la lucha contra el peaje del Huerna y denunció su ilegalidad frente a las instituciones europeas, también respondía ayer con nuevas medidas de presión a la decisión del Gobierno central de desatender el requerimiento de la Comisión Europea.

Tras calificar la postura del Ministerio de Transportes de «triste y demoledora», al entender que supone una nueva piedra en el camino de esta guerra iniciada en 2021, y celebrar de forma irónica que por primera vez el Gobierno de Asturias se una a esta batalla —«han tardado cuatro años en enterarse»—, Ripa se mostraba confiado de que el procedimiento finalizará satisfactoriamente para los intereses de los asturianos.

«El Gobierno podría haberse puesto del lado de la demanda social, absolutamente unánime en Asturias, León y Galicia, pero lo que hace es intentar ganar tiempo y retrasarlo para evitar afrontar un problema creado por el PP, pero que le corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez solucionarlo», argumentó Ripa.

No obstante, consciente del retraso que supone ahora que el proceso llegue a los tribunales europeos, el exparlamentario plantea seguir presionando para agilizar esa supresión del peaje.

Ayer, registraba en la Delegación de Gobierno una solicitud al Consejo de Ministros para la revisión de oficio del Real Decreto 392/2000, que amplió la duración de la concesión a favor de Aucalsa, solicitando la nulidad del Real Decreto por incumplir la legislación española y europea, al haber ampliado sustancialmente el contrato sin licitación pública, vulnerando derechos de los usuarios y normas europeas.

De forma paralela, hacía un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a esa iniciativa, pero también para salir a la calle en señal de protesta el próximo 18 de octubre, cuando se cumplen cuatro años de la prórroga «ilegal».