Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)

Tres eran las opciones del Gobierno central: seguir defendiendo la legalidad de un contrato que fue prorrogado y privatizado por consejos de ministros de José María Aznar; abrir una negociación con Bruselas y Aucalsa para reducir la duración del peaje y minorar así la supuesta ilegalidad o zanjar el asunto rescatando la concesión. El expediente fue calificado como una «oportunidad histórica» por el Principado, los partidos, los transportistas y los agentes sociales que, todos a una, demandaron al Gobierno central que respondiera a ese ultimátum dando los pasos necesarios para suprimir un peaje que los usuarios empezaron a pagar en 1983.

No será esta vez. El Ministerio de Transportes contestó ayer a Bruselas manteniendo la defensa de los actos propios de la administración. La respuesta, «amplia», «aporta las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España», argumentan fuentes del ministerio. «Esta fase no supone todavía el final del procedimiento. Analizaremos los siguientes pasos de la Comisión Europea con este recurso para, llegado el caso, agotar las posibles opciones de respuesta», anticipan.

La pelota vuelve a Bruselas, que está abocado a rectificar o cumplir su amenaza y denunciar a España ante el TJUE. Lo habitual en estos casos es que el tribunal tarde años en resolver el caso; solo si hay condena la Comisión activa sanciones mensuales al país infractor hasta que legalice el contrato de concesión.

El Principado se prepara para esa pugna judicial. «La Comisión ha determinado que esa prórroga fue ilegal y debe revocarse, es la posición que seguimos manteniendo ante la UE», fijó el presidente, Adrián Barbón. Su consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ya se dirigió «formalmente» al ministerio y la Comisión «para participar del procedimiento y poner a disposición la documentación técnica que pueda ser útil».

Calvo sostiene que el peaje «no debe durar más» aunque asume que «el procedimiento todavía tiene recorrido y lo que esperamos es que se actúe». El consejero subrayó que en esta historia «lo que hizo el PP con la prórroga fue una injusticia para Asturias, además irregular, y debería tener consecuencias y responsabilidades políticas».

La noticia impactó en la política y los agentes sociales. Pedro de Rueda, del PP, juzgó la situación de «agravio» y exigió el rescate porque «si en Cataluña, Galicia y Valencia lo han hecho, Asturias no puede ser menos». Gonzalo Centeno, de Vox, instó a liberar el peaje o, en su caso, a «aplicar una bonificación del 100% para residentes y transportistas hasta la finalización de la concesión». Delia Campomanes (IU-Convocatoria) estima que el peaje «nunca debió existir» y pide al ministerio los fondos necesarios «sin detraerlo» de otras inversiones. «Si no hay presión política y social, el peaje seguirá», arengó Adrián Pumares (Foro). Covadonga Tomé (Somos) cree «obligatorio» que los gobiernos central y asturiano «busquen la fórmula» para rescatar el peaje.

La patronal Fade instó al ministerio a que «recapacite» y evite «un largo y tortuoso procedimiento judicial». La Cámara de Comecio de Gijón sostiene que «corresponde ajustarse a la normativa europea, que es clara en la obligación de suprimir el peaje». Carlos Paniceres, desde la de Oviedo, ve «incomprensible» mantener la carga sobre usuarios y transportistas. «El Estado fue quien renovó erróneamente la concesión y debe asumir liberar la ciudadano del coste», dijo su homólogo de la de Avilés, Daniel González.

En CC OO, Ana María Rodríguez cree que falta acción y «sobra el reparto de culpas» mientras Javier Fernández Lanero, de UGT, exige al ministerio que ponga el dinero necesario.