El gobierno local atribuye a Aqualia el desequilibrio que reclama la empresa

El Ayuntamiento admite que el servicio de aguas ha generado a la concesionaria, Aqualia, un desequilibrio económico de 2,2 millones que atribuye íntegramente a la empresa. «La responsabilidad del Ayuntamiento es cero», sentencia la alcaldesa, Yasmina Triguero, que anuncia que en consecuencia ha rechazado el recurso, vía administrativa, en el que Aqualia reclama al Consistorio 3,68 millones para resarcir el desequilibrio económico que, asegura, la ha ocasionado la concesión desde su entrada en servicio, en 2007, hasta el 31 de diciembre de 2013. Así las cosas, la decisión queda en manos de los Tribunales de Justicia, toda vez que la empresa ya ha interpuesto la correspondiente demanda.

Triguero esgrime los datos de una auditoria externa encargada por el gobierno local e informes de los técnicos municipales. En primer lugar apunta que la proyección de negocio realizada por la empresa en 2007 «estimaba un déficit de casi 1,6 millones a fecha de 31 de diciembre de 2013», cantidad que deduce de los 2,2 millones anteriormente señalados. Quedan por tanto 653.000 euros, «y no se deben a ningún incumplimiento por parte del Ayuntamiento» recalca.

A partir de ahí la alcaldesa explica que la empresa «ha gastado un 9,7% e ingresado un 18% menos de lo previsto». En este último capítulo atribuye la diferencia «a errores de cálculo únicamente achacables a Aqualia. Sus previsiones, realizadas por cuenta propia, no en base a los pliegos de condiciones -matiza- auguraban que en el periodo de referencia (2007-2013) el número de abonados se incrementaría en más de 3.000», cálculo que siempre según la alcaldesa realizó «en base a una previsión propia de crecimiento poblacional del 3,5% que no se ha producido. El número de habitantes permanece prácticamente estancado. Por tanto ha recaudado mucho menos de lo esperado, y eso es riesgo y ventura de la concesión, no responsabilidad del Ayuntamiento», concluyó la alcaldesa.

Aqualia eleva el desequilibrio a 5,4 millones de euros, 1,71 correspondientes al riesgo y ventura de la concesión y los 3,68 restantes, la cantidad que reclama, a «pérdidas soportadas por la concesionaria que suponen una ruptura del equilibrio económico de la concesión y que no deben ser asumidas por la concesionaria». Como causas fundamentales expone dos, errores en los datos aportados por el Ayuntamiento, determinantes a la hora de calcular la oferta que presentó a concurso, y la paralización, decretada en 2008 por la entonces alcaldesa, Ángela Vallina, de las inversiones por importe de 8,1 millones que el contrato obliga a la empresa a realizar en las redes de abastecimiento y saneamiento del concejo.

Hasta la fecha se han ejecutado inversiones por valor de poco más de dos de millones de euros.