Grado, Morcín y Bimenes piden profundizar en la ley de la iniciativa legislativa popular

Para esta propuesta han encontrado en la ley 4/1984 su mejor baza, ya que recoge la posibilidad de llevar a cabo una iniciativa legislativa popular/municipal en la que participen ayuntamientos y ciudadanos mayores de edad y que les permita presentar propuestas ante el Parlamento asturiano sin necesidad de contar con el respaldo de un partido político.

El presidente de la Plataforma por la Defensa de la Salud y de la Sanidad Pública, Carlos Ponte, subraya que esta ley, con 37 años de vida, no ha sido utilizada anteriormente y, sin embargo, es una herramienta que considera de gran utilidad. «Nos permite acercar a la ciudadanía, que son quienes sufren o se benefician de las leyes, a que sean participes de ellas. No decimos que haya que hacerlo en todo, porque bloquearía la acción de gobierno, pero sí sobre cuestiones que afectan al pueblo de forma directa, ya sea en el ámbito nacional o en el autonómico, para que se busquen vías de consenso y de participación», explica.

Ponte, que cree firmemente en los beneficios que esta participación popular puede tener por los ejemplos que dan otros países, como Dinamarca o Canadá, cree que este tipo de gobernanza, llamada democracia deliberativa, puede cosechar grandes éxitos en España. «Podemos pasar de la democracia actual, muy inactiva y en la que lo único que hacemos ahora los ciudadanos es votar cuando nos convocan a urnas, para adquirir así otro rol», explica.

Con esta propuesta la idea es poder incluir al ciudadano en la toma de decisiones, aunque dicha participación, tal y como recoge la ley, no es posible en asuntos que no sean de competencia exclusiva del Principado de Asturias conforme a su Estatuto de Autonomía, que tengan naturaleza tributaria, las que contradigan al Estatuto de Autonomía para Asturias o que coarten los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución.

La ley 4/1984 recoge que se debe presentar la propuesta mediante una Proposición de Ley, aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de, al menos, tres ayuntamientos cuyo censo no sea inferior en su conjunto a 10.000 electores. «Grado fue el primero, y es interesante el hecho de que fue aprobado por unanimidad. No nos gustaría que esta iniciativa fuese identificada por una plataforma, un ayuntamiento concreto o un sesgo político, es una iniciativa plural», explica Carlos Ponte, que también afirma que habrá más ayuntamientos que se sumen a la propuesta próximamente.

Leopoldo Tolivar, catedrático de Derecho Administrativo, cree que esta propuesta puede ser tramitada a través de otra vía por parte del Parlamento, aunque con un buen desenlace. «La proposición de la Plataforma es un derecho de petición. Puede ser presentado como una iniciativa legislativa popular, lo que no quita que después, llevándolo a mesa en el Parlamento, se decida tramitar con otro nombre o darle otro enfoque. No se ciñe a una petición concreta, sobre un tema en particular, pero efectivamente puede ser presentado de esta forma en el Parlamento», explica el experto.