El PSOE de Carreño dice que los suelos sin desarrollar en el PGOU nunca pagaron IBI urbano

Esta afirmación es rebatida por propietarios de Perlora con fincas afectadas por el PERI, por lo que estudian reclamar ante los tribunales

PEPE G.-PUMARINO CANDÁS.

«La gestión socialista ante el Catastro permitió que los suelos no sectorizados incluidos en el Plan General de Ordenación Urbana nunca hayan pagado como suelo urbano. Estos terrenos se sitúan en Candás, en zona de la urbanización del Llagarón, en Perán y en Perlora». Esta es la explicación ofrecida por la concejala de Urbanismo, Cecilia Tascón a la petición del PP de que se deje de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en aquellas fincas en las que no se puede edificar y se aplique la tasa como terrenos rústicos. Una petición que, según la edil, «desde la anualidad siguiente a la sentencia, es decir desde el año 2015, los suelos a los que ésta se refiere, suelos urbanizables sectorizados que no tienen instrumento urbanístico de desarrollo, ya vienen pagando como suelo rústico».

Esta aseveración de la concejala de es rebatida desde el PP tras efectuar consultas con la asociación vecinal Río Espasa de Perlora. «Desde esta entidad se informó de que tienen constancia de que hay vecinos que pagan el IBI urbano, que es el más caro, y no pueden hacer nada con sus propiedades: son los que están en suelo urbano no consolidado. A estos vecinos precisamente, el caos urbanístico en el que tiene atrapado el PSOE al concejo, les está perjudicando seriamente porque están afectados por el famoso PERI de Perlora que resulta absolutamente irrealizable», señaló la candidata popular, Joana Canals.

El colectivo de afectados por el antiguo Plan de Reforma Interior (PERI) de Perlora manifestó a este periódico que estudian iniciar acciones legales contra el Ayuntamiento al amparo de la sentencia del Tribunal Supremo. En la misma se recoge que no se aplicará el IBI urbano a los terrenos que están fuera de ordenación urbanística. Por esta razón, manifestaron que ya trasladaron el asunto a un despacho de abogados en Oviedo «a la vista de la pasividad municipal». Estos propietarios también advierten de las «nefastas» consecuencias económicas que puede acarrear al Consistorio de Carreño si su demanda prospera con la suma de las indemnizaciones millonarias a las que se deberá hacer frente. Y ponen como ejemplo que por sus propiedades pagan un IBI entorno a los 200 euros anuales y que la suma total de todos los terrenos afectados por el PERI supone unos ingresos fiscales de 60.000 euros anuales. «Todo por un espacio donde no se puede edificar mientras que nuestros hijos se tienen que ir por falta de suelo para construir una vivienda», señalaron.