«El escenario es otro, los geriátricos no volverán a la situación de marzo»

A principios de mes volvió al pasado. A 2018. Cuando Melania Álvarez ( Carreño, 1979) era directora de Participación Ciudadana e inició una investigación por sobrecostes en el Principado. Pese a ser la denunciante, el Tribunal de Cuentas le ha pedido ahora una fianza de 23.000 euros. Está tan confiada de que su vuelta al pasado será «una anécdota», como de que los que no retornarán al suyo, en concreto a marzo de 2020, serán los geriátricos asturianos. Porque el protocolo covid blinda la red en la que viven 13.000 personas.

-¿Ya pagó la fianza?

-Sí, sí, ya deposité el aval.

-¿Tiene miedo?

-Aunque en estas cosas siempre sabes como entras, pero no como sales, lo haría mil veces. Igual soy ingenua, pero si ves algo que está mal, tienes que cambiarlo.

-¿Se castiga denunciar?

-Hay que entender el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Salvaguarda el interés de la Hacienda pública y entiende que deben solicitar ese aval. Cuando asumes un cargo no solo lo haces para inaugurar, participar en mesas redondas o firmar, sino para asumir cosas como esta.

-Esto que le ha pasado puede asustar al que venga detrás.

-No debería. Demuestra que la inspección funciona. Espero recuperar el aval y que todo quede en una anécdota.

-Usted ha vuelto a 2018. ¿Los geriátricos asturianos volverán a marzo en octubre?

-No. Partimos de la experiencia de los meses atrás y de la implicación de todos los profesionales, lo que nos sitúa en un escenario diferente. Los geriátricos no volverán a marzo, no tienen los mismos brotes. Ojo, pero no bajamos la guardia.

-Se han registrado ya varias muertes en geriátricos.

-El virus sigue ahí y tiene a los mayores como colectivo diana.

-En esta segunda ola, los casos se centran en la red privada. ¿No hizo los deberes?

-No creo que se trate tanto de hacer los deberes como de circunstancias concretas.

-El presidente asturiano señaló su preocupación por los casos en dos de estos centros.

-Epidemiología está trabajando ya, porque, además, en una de esas residencias se había hecho un cribado previo. Los cribados están teniendo un papel fundamental. No se puede demonizar al sector, que se ha implicado muchísimo. De las 240 residencias, 146 ya han sido inspeccionadas y ninguna ha sufrido una sanción. El sector cumple.

-Se habló de fallos en dos.

-Sí, pero se trata del plan de contingencia. En algunos centros, debido a su tamaño, es difícil lograr la sectorización que marca la Consejería de Salud.

-¿Se ha enfadado mucho con Pablo Fernández, el consejero?

-No, nos llevamos muy bien.

-En la primera ola se logró conocer los nombres de las residencias privadas afectadas. ¿Por qué ahora Salud no los facilita?

-La resolución de junio lo dice: la competencia de la información pública de los centros sociosanitarios depende de Salud.

-Insisto. ¿Por qué Salud da el nombre de bares o gimnasios donde ha habido brotes y no el de las residencias privadas?

-Me remito a lo que dice la resolución. No obstante, creo que la transparencia es lo mejor. Nosotros lo hacemos con las del ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos, el órgano que gestiona la red geriátrica pública y concertada). Un ejemplo, lo de la residencia de Grado, pública. Fue el primer centro con casos en la primera ola y nadie le ha puesto una etiqueta. Grado la adora.

-Dijo usted que los cribados han sido fundamentales. En la primera ola no lo pensaban así.

-La experiencia ha demostrado que sí lo son.

-A las privadas les costó que el Principado los pagara.

-Es que hay limitaciones. El Sespa tiene que facturar y hay que buscar equilibrios. No obstante, desde el Gobierno se tomó la decisión de que hay que atender a todas las personas por igual.

-Los geriátricos privados hablan de temor entre futuros usuarios a un protocolo que los encierra.

-Los mayores no quedan encerrados. El protocolo se ha suavizado, se han hecho planes de contingencia adaptados a cada residencia y los ayuntamientos han colaborado mucho para habilitar perímetros de seguridad. En caso de positivo, hay que blindar la residencia, porque lo primero es la salud, pero entendemos la necesidad de los usuarios y de las familias de verse. Y hacemos lo posible para que lo hagan.

-¿La demanda para ingresar en residencias ha disminuido?

-Tenemos a 2.089 asturianos en lista de espera por una plaza geriátrica. La demanda sigue.

-¿Tiene la red pública capacidad para asumir esa demanda o tendrá que concertar?

-La red pública nunca tuvo esa capacidad. Estamos diseñando un plan de necesidades, que llevará acompañando un presupuesto. Vamos a analizar los recursos existentes, tanto públicos como privados, en todas las áreas para saber la demanda y hacer una proyección a cinco años.

-Mientras realiza ese estudio, ¿concertará más plazas?

-Tenemos que hablar. La colaboración público-privada es fundamental. No nos hagamos trampas al solitario, aunque somos firmes defensores de lo público, es fundamental saber qué necesitan las personas y dárselo, como vamos a hacer con los centros de día.

-¿La pandemia ha servido para acabar con la guerra entre centros de día públicos y privados? En Asturias, con la ayuda a la dependencia se penalizaba su uso.

-La pandemia nos ha obligado a atender lo extraordinario sin descuidar lo ordinario. Insisto en la defensa de lo público, pero está claro que los centros de día que gestiona el ERA y comparten espacio con residencias no se pueden utilizar, debido al protocolo covid. Así que a esos 450 usuarios les daremos, desde mañana, la opción de utilizar una plaza privada o tener otro servicio, como el de ayuda a domicilio. Insisto, somos defensores de lo público, pero muchas veces la atención a las personas no es posible solo desde lo público.

-450 personas sin atender desde marzo. ¿Autocrítica?

-Tuvimos que acompasar la toma de decisiones con la evolución de la pandemia. Crear procedimientos específicos. No ha sido sencillo, pero los profesionales se han volcado y han dado un ejemplo. Todos. No hay más que ver que, en lo que respecta a centros de día, no ha habido ningún brote. Y en las residencias, la experiencia con la que trabajan está dando resultados.

-Alaba usted a los profesionales, pero a los del ERA los tiene enfadados. ¿No van a tener vacaciones en Navidad?

-Ahora hay un nuevo comité de empresa y la gerente del ERA, Ana Suárez, está manteniendo reuniones con todas las secciones sindicales. Las instrucciones que se dieron sobre vacaciones han funcionado: gracias a ellas no ha habido ningún brote. Nadie quiere dejar al personal sin vacaciones. ¿Quién puede pesar eso? La propia Ana me lo dejó claro desde el principio 'Tienen que descansar, están al límite'.

-Dice usted que no se peleó con el consejero de Salud. ¿Lo hará con Función Pública? Tiene vacantes sin cubrir.

-Con Función Pública estamos ahí, ahí (risas). Hay que decir alto y claro que se reforzó la plantilla del ERA y que entre el presupuesto del año pasado del organismo y el que planteamos para el próximo no hay nada que ver.

-¿De qué cifra hablamos?

-No la tenemos cerrada aún, pero será un presupuesto muy superior. La pandemia nos ha obligado a afrontar en un año los planes que teníamos para toda la legislatura.

-¿Como el cambio de modelo residencial?

-Por ejemplo. En ese plan estamos todos implicados: Principado, empresarios, agentes sociales, expertos. Está claro que la oferta tiene que cambiar.

-¿En unos centros con más peso de lo sanitario que de lo social?

-Que nadie olvide que las residencias son los hogares de las personas que viven allí. Con el nuevo modelo residencial que planteamos vamos más por esa línea, los geriátricos se parecerán más a una unidad convivencial que a un hospital. Sobre todo, porque la pandemia nos ha demostrado que la coordinación sociosanitaria en Asturias ha funcionado y funciona muy bien.

-¿Residencias más pequeñas? ¿Qué hará con la Mixta de Pumarín, la mayor de Asturias?

-El nuevo modelo va a exigir un gran esfuerzo del sector, del público y del privado. No se va a hacer de la noche a la mañana y requerirá de inversión. Con la Mixta habrá que ver cómo encaja en ese nuevo modelo. En ella tenemos un primer reto.

-Otro reto fue que la pandemia no disparara aún más el colapso en la atención al sala rio social y a la dependencia.

-Como dije antes, hemos atendido lo extraordinario sin abandonar lo ordinario. Cuando llegamos, sobre todo en materia de dependencia, era para llorar. En un año, hemos rebajado un 50% los casos de salario social sin atender. En dependencia, nos mataron los cuatro meses sin poder valorar debido al confinamiento, pero fuimos los que más tramitamos del país.

-Si se encontró un colapso 'para llorar' al llegar tras una legislatura tranquila y en plena pandemia lo soluciona, ¿antes no se trabajaba o no se organizaba?

-Son cuestiones de organización.

-Las ONG salieron a la calle poque usted les quería quitar 800.000 euros.

-Nunca supe de dónde había salido esa cifra, porque nunca hubo intención de recortar 800.00 euros. Debió de haber un problema de comunicación.

-Pues todas las entidades entendieron lo mismo.

-Por eso hemos establecido reuniones quincenales con ellas. Para analizar las necesidades y cómo cubrirlas. Lo que está claro es que no se puede convocar una subvención para un programa que no se ha realizado.

-Y en plena pandemia, lanza una campaña de acogimiento a menores.

-Y la respuesta ha sido impresionante. Hemos recibido más de 500 propuestas y tenemos ya cien entrevistas organizadas. Vamos a lograr muchas más familias de las 21 que, a priori, necesitábamos, para acoger a menores de otras edades. La solidaridad de los asturianos es impresionante.