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R. MUÑIZ
GIJÓN.
Lunes, 5 de marzo 2018, 02:15
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En 1989 el Ministerio de Fomento echó el resto por el Huerna. El Plan General de Carreteras contemplaba la conversión en autovías de los tramos Oviedo-Campomanes y Adanero-Benavente, mejoras que sabía llevarían más tráfico al Huerna. La autopista León-Campomanes (AP-66) solo tenía en ese momento desdoblado el túnel de Cosera, una situación que «no es favorable para la seguridad del tráfico».
Así lo reconocía en un real decreto en el que «por motivos de interés público» marcaba un calendario de once años para ir logrando la duplicación de calzadas. Para apoyar a la concesionaria, Fomento asumía otra «compensación». Ofreció prestar la mitad del dinero que costaban las obras, hasta un máximo de 6.140 millones de pesetas. El dinero se entregaba como «anticipo reintegrable» y su devolución se imponía «a partir del año en el que el resultado positivo del ejercicio social lo permita».
Aucalsa empezó a declarar beneficios en 1999, ganancias que repitió todos los cursos salvo dos. Pero Aucalsa no tuvo que devolver los fondos. El motivo es que el real decreto que alargaba la concesión hasta 2050 también la favoreció corrigiendo la instrucción anterior. Ahora Aucalsa solo está obligada a devolver los anticipos reintegrables «dentro de los cinco ejercicios siguientes al primero en el que la sociedad haya amortizado la totalidad de su endeudamiento interior y exterior». En la práctica supone que Fomento se pone a la cola y acepta retrasar varias décadas el cobro. El último informe del ministerio sobre el sector cifra en 51,7 millones de euros el préstamo concedido a Aucalsa. La empresa tiene pendiente de amortizar unos 466 millones de euros, lo que sitúa la devolución al final del plazo concesional.
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