Nueva Ley de Salud Mental de Asturias: una oficina para proteger los derechos de los pacientes, ingresos voluntarios y política de «contenciones cero»

La ley regula el derecho de las familias a recibir información; la participación del tejido asociativo, apostando por su papel activo e interlocución; las políticas de promoción y prevención en salud mental; la gestión del conocimiento en esta materia; o la recogida y transmisión de datos que ayuden en la toma de decisiones más efectivas. En total, 57 artículos, en los que, sobre todo, se incide en el derecho de las personas con problemas de salud mental a decidir por sí mismas, a recibir una atención integral y un plan terapéutico individualizado, a tener acceso a entornos y servicios orientados a su recuperación y a no ser sometidas a ningún tipo de inmovilización física o tratamiento sin supervisión y prescripción facultativa.

A este respecto, el Principado deja claro que en Asturias «se aplicará una política de contenciones cero, proporcionando medios humanos y materiales para prevenir y eliminar las prácticas coercitivas allí donde se produzcan». Sólo hay una excepción a considerar en un asunto tan polémico como éste: «Que exista peligro inminente para la seguridad del usuario o de terceros, debiéndose justificar documentalmente en la historia clínica las actuaciones efectuadas».

Los ingresos, por su parte, «serán siempre voluntarios, excepto en situaciones contempladas en la legislación básica del estado». En este sentido, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) se compromete a a la adecuación de espacios tranquilizadores y de bienestar en los centros intermedios de atención, así como en las unidades de hospitalización y en los servicios de urgencias.

La ley, que ve la luz antes de que termine 2025, tal como se había comprometido la consejera de Salud, Concepción Saavedra, establece asimismo la creación de una Oficina para la Protección de Derechos en Salud Mental. Este órgano colegiado, que dependerá de la consejería, aunque desarrollará sus funciones con plena autonomía, se ocupará, por ejemplo, de velar por el cumplimiento de la normativa; proponer la adopción de mejores prácticas; y revisar las denuncias o incidencias que puedan producirse en la red de salud mental del Principado.

Al amparo de este nuevo texto legislativo, también se creará la Comisión de Salud Mental, en la que estarán representados todos aquellos departamentos cuyas políticas inciden en esta materia. Su principal objetivo será el asesoramiento y seguimiento de la estrategia diseñada por el Gobierno regional para favorecer la acción comunitaria. Un plan que se aprobó poco antes de las últimas elecciones autonómicas y que incluso más de 200 medidas.