El Principado obligará a los dueños de diez o más viviendas a alquilar las que lleven un año vacías

Para empezar, la ley establece como gran tenedor a «la persona física o jurídica que sea titular, directa o indirectamente, de diez o más viviendas en el territorio del Principado de Asturias, excluyendo garajes y trasteros». Y en cuanto a las viviendas desocupadas, se entiende que lo son las que no hayan tenido uso residencial durante más de doce meses consecutivos «sin causa justificada».

¿Qué se considera causa justificada? Una rehabilitación que pueda demostrarse, una resolución judicial que impida «la posesión», así como un traslado temporal por motivos laborales o de salud. Si no se dan ninguna de estas circunstancias, la vivienda será declarada desocupada.

Llegados a ese punto, la Administración del Principado ofrecerá al propietario tres opciones. Tendrá seis meses de plazo para elegir. La primera, adherirse de forma voluntaria a un programa autonómico de alquiler asequible con renta bonificada. La segunda, cede de forma temporal el uso del inmueble a la entidad pública de vivienda para arrendamiento social, con garantías de cobro y reparación. Y la tercera incluye «cualesquiera otras medidas de colaboración público-privada que se establezcan reglamentariamente».

Es decir, la ley persigue que las viviendas desocupadas salgan al mercado del alquiler. De hecho, el arrendamiento se ha fijado como absoluta prioridad, fijando que todas las viviendas de protección pública se destinarán siempre a esta modalidad y nunca a la venta.

Según recoge el anteproyecto de ley, si pasados los seis meses el propietario no ha puesto en uso la vivienda se enfrentará a «multas coercitivas, por períodos trimestrales, en cuantía de entre 1.000 y 3.000 euros por vivienda, en función de la gravedad y persistencia de la desocupación, del número de viviendas en dicha situación, así como de la capacidad económica del titular». No solo eso, sino que el régimen de sanciones recoge estos casos también como infracciones graves si «tras dos requerimientos coercitivos consecutivos, persistiera la situación de desocupación injustificada». En ese caso la sanción será mayor porque «se considerará incumplida la función social de la propiedad a efectos de lo previsto en esta norma».

La intervención sobre la vivienda desocupada es uno de los instrumentos de intervención pública que recoge la ley para garantizar el derecho a la vivienda, y que regula también los derechos de adquisición preferente así como la regulación de las ya conocidas zonas tensionadas.

En cuanto al derecho de tanteo y retracto, el Principado de Asturias se lo garantiza para algunos supuestos relacionados con viviendas de protección pública, incluidas las transmisiones en el periodo de protección (no hay que olvidar que las de promoción pública van a ser, con esta ley, protegidas de por vida). Desde que tenga conocimiento de la venta, la Administración dispondrá de un plazo de treinta días hábiles para comunicar su decisión de ejercer el derecho de tanteo.