Objetivo social prioritario: disponer de vivienda digna y asequible

La escasez de vivienda asequible en las ciudades europeas es una de las principales amenazas para la cohesión social, la resiliencia económica y la transición climática. La tendencia de los inversionistas hacia la adquisición, transformación y sobrexplotación de los edificios urbanos produce desequilibrios entre la oferta y la demanda y aleja la posibilidad del acceso a la vivienda a un sector de la población cada vez más amplio.

Si consideramos razonable que el esfuerzo de los ciudadanos para el pago de los alquileres no debe sobrepasar un tercio de sus ingresos, los hogares con salarios comprendidos entre 1.200 y 2.000 € mensuales (muy habituales en España) solo podrán afrontar arrendamientos entre 400 y 650 €/mes, cantidades cada vez más distanciadas de las ofertas del mercado urbano.

Ante la necesidad de vivienda de alquiler asequible, conviene examinar los factores que encarecen significativamente las promociones inmobiliarias: el precio del suelo y de los materiales, los estándares de calidad, la escasez de mano de obra, la demora de las tramitaciones administrativas, las cargas fiscales, los costes financieros… La capacidad de maniobra del sector privado sobre estas variables es ciertamente limitada, razón por la cual las empresas continúan enfocando sus promociones hacia los ciudadanos con trabajo fijo e ingresos superiores a los 3.000 € mensuales.

La solución a esta emergencia habitacional solo puede venir del Sector público, y para ello es preciso que la inversión en vivienda de promoción pública deje de considerarse un «gasto a fondo perdido» y pase a entenderse como una «inversión social», recuperable con los retornos derivados del cobro de los alquileres. Este planteamiento requiere disponer de suelo público, pero también llevar a cabo determinados ajustes legislativos, la participación de entidades públicas de crédito y un repertorio equilibrado de incentivos fiscales.

Los problemas vinculados a la explotación de los arrendamientos, el cobro de los alquileres y el mantenimiento de las viviendas exigirán cambios de actitud tanto en la Administración como en los ciudadanos, así como la aplicación de fórmulas imaginativas y audaces donde podría lograrse mayor eficacia mediante sistemas público-privados de gestión.

Alquileres asequibles, calidad constructiva, ciudades sostenibles y adaptadas a la evolución del clima, integración de la naturaleza, agilización burocrática, simplificación normativa, impulso a la industrialización, concursos de arquitectura… Muchos son los retos que ha de asumir nuestra sociedad para conseguir estos objetivos, y los arquitectos asturianos estamos preparados y dispuestos a colaborar en esa urgente e importante tarea.

Miguel Casariego – Decano del COAA

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