El Principado de Asturias estima «inviable» la mina de Salave por el rechazo municipal

La mercantil presentó la solicitud de autorización en julio de 2021, ante la entonces Consejería de Industria, y desde entonces el asunto ha dado vueltas. El estudio de impacto ambiental fue sometido a información pública en el boletín oficial en noviembre de 2021. La Ley 21/2013 que regula el procedimiento establece en cuatro meses el plazo máximo para resolver el análisis técnico una vez se completa el expediente. EMC fue remitiendo varias solicitudes pidiendo que se impulsara la tramitación.

La resolución que da por concluido el proceso no entra en la afección ambiental. Da por terminado el análisis por una cuestión de legalidad urbanística.

Sostiene que el uso pretendido tiene en los suelos afectados «la consideración de prohibido o incompatible, por lo que, conforme la calificación urbanística vigente de los terrenos el proyecto carece de viabilidad». EMC intentó que el Ayuntamiento de Tapia de Casariego hiciera una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, petición que fue inadmitida «en dos ocasiones», recuerda la resolución: la primera por decreto de alcaldía de mayo de 2023, la segunda fue un acuerdo del plano del 29 de noviembre pasado.

EMC comunicó a la consejería que ese acuerdo lo tiene recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La resolución concluye que «en este momento el proyecto carece de la habilitación urbanística» y el acuerdo plenario supone «un impedimento acreditado y establece de antemano la inviabilidad de la actuación».

El promotor adujo que el Plan de Ordenación del Litoral protege la superficie del suelo de costas, pero no impide la explotación subterránea. A ello responde la resolución asegurando que la Comisión de Ordenación (CUOTA) y el pleno municipal juzgaron las explotaciones «incompatibles o prohibidos, sin mayor disquisición en cuanto a su afección en superficie o en el subsuelo».

EMC solicitó el 27 de diciembre que el Principado concediera al asunto la declaración de Proyecto de Interés Regional Estratégico (PIER). El mismo paso lo dio el promotor del polígono junto al aeropuerto. Ambos expedientes están en fase de análisis por parte de la Agencia Sekuens. El sindicato SOMA reclamó este fin de semana el apoyo al proyecto aurífero.