Dolores Álvarez Campillo declarará ante el TSJA por un presunto delito de prevaricación

Dolores Álvarez Campillo ha sido citada para declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el próximo 24 de noviembre. Lo hará en calidad de investigada como presunta responsable de la retirada irregular de una veintena de multas de tráfico impuestas por la Policía Local de Llanes entre los años 2013 y 2015. Junto a ella también ha sido citado el mismo día Emilio Carrera, actual concejal en el Ayuntamiento y quien ocupase la Concejalía de Seguridad, Interior y Personal durante la pasada legislatura, cuando se retiraron dichas sanciones presuntamente de forma incorrecta.

El TSJA admitió a trámite el pasado 5 de octubre la querella formalizada por el Ministerio Fiscal contra la exalcaldesa y actual diputada regional por un presunto delito de prevaricación continuada. El magistrado encargado de instruir el caso es José Ignacio Pérez Villamil, quien ya ha solicitado varias diligencias documentales y orales, caso de la declaración de los dos políticos llaniscos que comparecerán ante el juez el 24 de noviembre.

Según recoge el auto emitido por el TSJA a principios de octubre, lo que se está investigando es la revocación y anulación entre 2012 y 2015 de una veintena de sanciones de tráfico por parte, presuntamente, de Campillo y Carrera «sin observar las formalidades mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico y con desprecio absoluto de las más elementales normas del procedimiento sancionador». La denuncia de esta presunta retirada irregular de multas de tráfico impuestas por la Policía Local de Llanes a diferentes personas fue realizada el pasado marzo ante la Fiscalía por el coordinador general del la Unión de Sindicatos Independientes de Asturias (Usipa). Entre esa veintena de multas vehículos había sanciones por estacionamientos en áreas de transporte público, en zonas peatonales o por haber excedido del tiempo establecido para el aparcamiento. En la mayoría de los casos los afectados, propietarios y titulares de los citados vehículos, «ni tan siquiera habrían recurrido la multa, anulándose directamente por parte de los dos concejales».

El Ministerio Fiscal considera que existen indicios de un delito continuado de prevaricación por la presunta retirada irregular de estas multas, por ello puso los hechos en conocimiento de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, que se declaró competente para instruir la causa. En la fase actual el juez está solicitando diferentes pruebas para investigar los hechos. Una vez concluya sus indagaciones podrá abrir juicio oral contra las dos personas querelladas, en caso de que aprecie indicios de delito, o sobreseer la causa si no percibiese una posible actuación irregular en esta presunta retirada de multas.

Aforada

Si finalmente el magistrado abre juicio oral contra la exalcaldesa y actual diputada ésta dimitirá de su cargo en la cámara regional, tal y como reflejan los estatutos del Partido Socialista. Entonces Álvarez Campillo dejaría de ser aforada y, por tanto, el caso ya no sería juzgado por el TSJA, sino por otra sala distinta. Lo normal es que la causa volviese al juzgado en el que se interpuso la denuncia, aunque en este caso el sindicato Usipa denunció los hechos directamente ante la Fiscalía del Principado de Asturias.

La investigada ha convocado para hoy una rueda de prensa en Llanes en la que se pronunciará sobre esta citación para declarar ante el TSJA. Quien sí valoró ayer este último paso del magistrado Pérez Villamil fue Fernando Lastra, portavoz del grupo parlamentario socialista en la Cámara asturiana. Lastra aseguró que la «preocupación por este asunto nos ocupa bastante tiempo». También que los socialista «no estamos al margen de esta información y tenemos que analizarla en función del conocimiento que vayamos teniendo del sumario».

De abrirse juicio oral es más que previsible que la Fiscalía solicite una pena de inhabilitación, además de una multa económica, para Álvarez Campillo y Carrera. En causas similares la petición del Ministerio Público para los acusados ha sido de 9 años de inhabilitación para desempeñar cargo y empleo público.