Investigan si la alcaldesa de Ponga prevaricó al contratar servicios jurídicos

El Juzgado de Cangas de Onís ha ordenado abrir diligencias previas para investigar un posible delito de prevaricación adminstrativa relacionado con la contratación de servicios jurídicos en el Ayuntamiento de Ponga. Los hechos los denunció el portavoz de Foro en el concejo, Javier Coya, acusando a la alcaldesa, Marta Alonso (PSOE), de «exceder el importe máximo para contratos menores e incurrir en gastos judiciales desaforados para perseguir a la oposición».

La jueza canguesa reconoce en su auto que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa». Así, dicta la incoación de diligencias para tratar de determinar «la naturaleza y circunstancia de tales hechos», además de «las personas que en ellos han intervenido». La magistrada ordena requerir al Ayuntamiento de Ponga la «documentación relativa a la contratación de servicios jurídicos y acuerdos para promover denuncias, si lo hay», además de tomar declaración a Alonso «como investigada».

Javier Coya criticó que la regidora está «obsesionada» con «perseguir y anular a Foro, único partido que le hace oposición, mediante denuncias injustificables a cargo de las arcas municipales, actos caciquiles y comportamientos antidemocráticos».