Fiscalía pide cárcel para los dos exalcaldes de Ponga por prevaricación y malversación
Los acusados afrontarán hasta 3 años de prisión con inhabilitación de sus cargos
La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la condena de dos exalcaldes de Ponga, Cándido Vega y Mercedes Traviesa, por los delitos de prevaricación y malversación. Por lo que solicita que se condene al primer acusado a tres años de cárcel e inhabilitación de su cargo y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante nueve años. Mientras que a la segunda acusada, la condenan a dos años y seis meses de prisión e inhabilitación de su cargo y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 8 años.
El Ministerio Fiscal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís sostiene que uno de los acusados fue nombrado alcalde del Ayuntamiento de Ponga el 16 de junio de 2007 y el 11 de junio de 2011 y ejerció ese cargo hasta el 16 de mayo de 2013. Por otro lado, la otra acusada, después de ejercer el cargo de teniente de alcalde con el acusado uno, le sucedió en el cargo tras comenzar a cumplir este una condena de inhabilitación, tomando posesión como alcaldesa de Ponga el 25 de mayo de 2013. Cargo que ejerció hasta el 12 de junio de 2015.
Según la Fiscalía, el acusado número uno, aprovechando su condición de alcalde, «se autorizó a sí mismo el pago de percepciones por kilometraje que, realmente, encubrían una retribución mensual. De esta forma, dio el visto bueno a los denominados partes de salida por desplazamiento en comisión de servicios que él mismo presentaba en solicitud del abono del kilometraje. «Y aprobó las órdenes de pago del Ayuntamiento», ha indicado la Fiscalía. La acusada dos continuó con esta práctica y, con un acuerdo en común con el acusado uno, dio el visto bueno al parte de salida y aprobó la orden de pago en favor del acusado por 1.026 euros. Los pagos que recibió el acusado suman una cuantía total de 8.184, 27 euros.
Según los cálculos del equipo de gobierno, la cantidad que los exregidores adeudan ascendería a «unos 85.000 euros», después de que la justicia los condenase a devolver más de 40.000 euros que cobraron en forma de gastos y dietas irregulares. A lo que se suman los intereses, otros 25.000 euros, según declaró la actual alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, el pasado junio.
