El País Vasco suma a Navarra y Nueva Aquitania a la presión del 'lobby' de Asturias por el Corredor

El origen de la polémica está en un informe oficial francés, que trascendió hace un mes y que anticipa la planificación ferroviaria del Ejecutivo galo. En contra de lo que marcan los reglamentos de la UE y de lo que creía asegurado el Gobierno de Pedro Sánchez, la intención del Elíseo es centrar a corto y medio plazo sus inversiones en mejorar la red ferroviaria interior. Las obras sobre los tramos de conexión con España quedarían más allá del 2042.

Los vascos serían los primeros, pero no los únicos afectados de consolidarse esa planificación. España acaba de nombrar un comisionado para el Corredor Atlántico, presentará en octubre un plan director y considera que tiene encarrilado modernizar este eje para el tráfico de viajeros y mercancías. Si cumple los reglamentos de la Unión Europea, se daría la situación de que en 2030 a más tardar habría trenes de alta velocidad y mercancías circulando por el eje (por ejemplo, saliendo de Gijón, pasando por Venta de Baños y reorientando hacia el norte a través de la 'Y' vasca), pero que al cruzar la frontera encontrarían entre Burdeos y Dax una infraestructura lenta, de poca capacidad y obsoleta.

Ese escenario es el que tiene encedido al País Vasco. Además de atraerse el apoyo de los presidentes gallego (Alfonso Rueda), asturiano (Adrián Barbón) y cántabro (Miguel Ángel Revilla), el lehendakari cruzó cartas con el propio Macron y Pedro Sánchez, y practica una diplomacia sigilosa con la Comisión Europea.

La cruzada ferroviaria tuvo ayer un nuevo episodio. El País Vasco forma parte desde 2011 de una Eurorregión con Aquitania, a la que luego se adhirieron nuevos departamentos galos y Navarra. En la asamblea que celebraron ayer en Saint-Jean-Pied-de-Port el presidente vasco aprovechó para sumar nuevos apoyos contra el retraso ferroviario que parece planificar Francia.

«Francia no puede obligar a España a no mirar hacia el norte de Europa. Es aberrante», coincidió el aquitano Alain Rousset, mandatario del territorio más extenso del país y que cubre una importante porción de la fachada atlántica gala.

Aunque había otras cuestiones sobre la mesa −se aprobó el informe de actividades de 2022 y las orientaciones presupuestarias y el plan de acción para 2023−, lo cierto es que ninguna de las tres partes ocultó que el principal objetivo de la asamblea de la Eurorregión era emitir un sonoro bocinazo. Y no sólo ante el Gobierno francés por su giro, sino también ante la Unión Europea, clave en el proyecto. «Asegurar los plazos es la clave de la cuestión. Cualquier retraso es perjudicial para el conjunto de países de la UE», apuntó la navarra María Chivite.

Lo vivido ayer en Saint-Jean-Pied-de-Port recuerda −en algún caso, palabra por palabra− a lo que se pudo escuchar ocho días antes en Vitoria, donde Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi lanzaron un 'lobby del Norte' para ejercer «presión política» en intereses comunes como la red ferroviaria. Allí no estuvo Navarra «por no tener salida al mar», pero Chivite se comprometió a «hacer fuerza» por una infraestructura «necesaria» y a participar en «todas las instituciones formalmente constituidas». Rousset cree lógica esa unión porque todas las comunidades del Atlántico tienen «el mismo objetivo».

El retraso, «de materializarse, supondría un grave incumplimiento del compromiso con Europa. Demandamos su cumplimiento», insistió el lehendakari, que reiteró su temor a que la fachada atlántica quede «descolgada» del mapa ferroviario de la UE. El presidente vasco pidió a Bruselas que «presionara», también en lo relativo al hidrógeno

«Nosotros conformamos parte del corredor vasco del hidrógeno, que tiene comunicación también con el corredor del Ebro y, en ese sentido, también estamos trabajando por el corredor en el norte del Estado español, pero nos encontramos con que, en la conexión con el Estado francés, no existe en el mapa hasta el año 2040 un valle del hidrógeno en la fachada atlántica», indicó.