Casocia acusa al Principado de «forzar el cese de todas las viviendas turísticas de Asturias»
En las alegaciones contra el decreto que prepara el Gobierno asturiano para limitar el funcionamiento de estos pisos hablan de «inseguridad jurídica» y «desigualdad» con el resto de alojamientos
Gijón
Martes, 19 de agosto 2025, 12:50
«Falta de trasparencia». «Inseguridad jurídica». «Se ocultan las alegaciones de Otea». «La intención del Principado es eliminar las viviendas turísticas». Casocia, la asociación ... de alquileres de corta estancia, una de las dos representativas en Asturias del sector de las Viviendas de Uso Turístico (VUTs), ha presentado ya sus alegaciones al borrador del decreto que definirá su funcionamiento y que salió a información pública el pasado día 13.
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Precisamente, la fecha es para el presidente de Casocia «otra muestra de opacidad evitando un debate real y abierto». Iván Rodríguez está convencido de que «el objetivo del decreto es forzar el cese de actividad de las viviendas turísticas mediante medidas retroactivas, incrementando desproporcionadamente los costes y con limitaciones arbitrarias».
La primera arbitrariedad que encuentra Rodríguez es que «se presenta el decreto como actualización necesaria porque el anterior es antiguo, aunque es de 2016. El que regula a hoteles y apartamentos es de 2002, pero no los consideran obsoletos».
«Desigual e injusta»
Pese a que el Principado defiende que con el decreto busca acabar «con las desigualdades» entre los pisos turísticos y el resto de alojamientos, Rodríguez enumera las otras «desigualdades» que él encuentra en la propuesta del Principado.
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«A las VUT las quieren obligar a tener suministros individuales, pero no a hoteles, apartamentos o casas rurales». O, también, «limitan a ocho plazas la capacidad y exigen superficies mínimas, requisito que no tienen hoteles ni restaurantes». Como tampoco se limita al resto de alojamientos «a tener un baño por cada cuatro plazas».
Además, «obliga a la entrega presencial de llaves, requisito que no deben cumplir el resto. Incluso en hoteles de hasta 15 habitaciones no tienen obligación de contar con recepción».
Sin olvidar que «obligan a cumplir los requisitos en un plazo de seis meses, cuando hoteles, apartamentos y casas rurales mantienen sus derechos adquiridos». Y, claro, el polémico sensor de ruidos. «Nos obligan a instalarlo, pero no a restaurantes y hoteles, que generan un ruido mayor».
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Un suma y sigue de obligaciones que, para el presidente de Casocia, solo crean «inseguridad jurídica, eliminación progresiva de licencias ya otorgadas y encarecimiento artificial de la gestión». En su opinión, «es un ataque directo a las vacaciones de las familias españolas».
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