Los pisos turísticos dejan en Asturias 120 millones anuales de ingresos directos

Esos son los ingresos que generan para las arcas regionales las Viviendas de Uso Turístico (VUTs), los alojamientos gestionados por sus propios propietarios. Así lo asegura la Federación Española de Asociaciones de Viviendas, Apartamentos Turísticos y otras modalidades de alojamiento (Fevitur), cuya presidenta, Silvia Blasco, ha hecho público un comunicado en apoyo a su socia asturiana, Casocia, la entidad que regula los alquileres de corta estancia. La misma que la pasada semana mantuvo un encuentro con la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, para pedir lo mismo que Blasco «diálogo con el sector», que se siente atacado por las sucesivas normas que están no solo limitando su crecimiento, sino, también, dificultando el funcionamiento de las ya abiertas.

Según las cuentas de Fevitur, que representa a más de 507.000 viviendas turísticas registradas en España, «la estancia media en este tipo de alojamientos es de 4,1 noches, con un gasto medio que supera los 102 euros por día y persona».

Unos números que, según Silvia Blasco, prueban que «lejos de representar un problema, las viviendas turísticas legalmente regladas son un instrumento de dinamización económica y cohesión territorial». De ahí que pida que «la futura regulación debe construirse desde el consenso, con la participación de todos los agentes implicados: Administraciones, sector empresarial, particulares- y representantes del turismo reglado».

Entienda ella que «un decreto sin diálogo será un decreto sin legitimidad social ni viabilidad jurídica».

Mientras Blasco defiende que «el turismo reglado es el motor económico de Asturias», el Ministerio de Vivienda y Airbnb, la plataforma especializada en el alquiler de estas viviendas, acaban de firmar un acuerdo en contra de la oferta pirata.

Fuentes de la plataforma afirmaron a EL COMERCIO que aún no hay cifras de cuántos de los propietarios que se anuncian en su web no cumplen los requisitos, pero que ya ha dado «un plazo de diez días» a todos para incorporar su número de registro para garantizar su legalidad. Respecto a los casos que ya ha detectado el Ministerio de Vivienda, el plazo se reduce «a 48 horas» antes de ser eliminado de la plataforma. En Asturias, de las 132.408 plazas de alojamiento abiertas, 35.356 están en pisos particulares.