Los plazos para poner en marcha la comisión de investigación de Cerredo y su carga política

La jornada de ayer fue intensa, y en el inicio de la sesión plenaria que esta mañana se está celebrando en el Parlamento autonómico todas las miradas están puestas en los puntos cinco y seis del orden del día, en los que a propuesta de PP y Foro se volverá a escuchar a la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, dar explicaciones en sede parlamentaria.

El precedente, el pasado viernes, en comparecencia parlamentaria, fue «decepcionante» para unos, y hasta «una comisión fallida», para los socios de gobierno del PSOE, Convocatoria por Asturias-IU. A nivel interno del Gobierno la situación es dura y complicada, con un consejero de IU, Ovidio Zapico, que el domingo pedía que se sustancien responsabilidades a nivel «judicial, administrativo y político».

El asunto se complicó ayer, con cuatro de los seis grupos parlamentarios pidiendo la convocatoria de la comisión de investigación y con PP y Foro metiendo por registro de la Junta General la solicitud oficial, con lo que los plazos comienzan a contar... y también exigen que los dos grupos parlamentarios del Gobierno, el del PSOE y el de Convocatoria por Asturias-IU se posicionen con claridad sobre dicha convocatoria.

Sobre el papel, como queda dicho, la puesta en marcha efectiva podría tardar solo dos semanas: la solicitud oficial de Foro y PP se sustanciará y calificará en la reunión de la junta de portavoces del próximo martes y, si ningún grupo parlamentario se opusiese, la constitución de la comisión tendría lugar una semana más tarde.

El problema vendría de que algún grupo parlamentario (a falta del posicionamiento de IU y de PSOE) se oponga. Esto obligaría a llevar a una sesión plenaria del Parlamento autonómico el debate sobre la constitución o no de la comisión. Esto tendría para el Gobierno una ventaja: tendría algo más de plazo antes de que la comisión parlamentaria iniciase sus trabajos, siempre muy mediáticos, y daría más tiempo a la Comisión Extraordinaria Regional de Seguridad Minera (que casualmente tiene su siguiente reunión convocada, precisamente, para dentro de dos semanas) para empezar a aportar resultados.

Pero también tendría una desventaja, pues la situación a la que se enfrenta el Gobierno regional se basa en una tragedia con pérdidas humanas, lo que en términos políticos exige una respuesta lo más rápida posible, con un permanente cuestionamiento por parte de la oposición sobre la seguridad de las explotaciones mineras y la gestión del gobierno regional sobre ellas, tratándose además el de la minería un sector con un intenso contenido emocional, tanto por una cuestión identitaria como simbólica en Asturias.