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El PP denunció este jueves el «auténtico caos y desastre» en el que bajo su punto de vista está sumida la contratación pública por parte ... del Principado de Asturias, a tenor del último informe relativo a esta cuestión presentado por la Sindicatura de Cuentas y que, a juicio del diputado popular José Cuervas-Mons, es «demoledor». El informe estima que la contratación del sector público en 2023 superó los 676 millones de euros y, según subrayó el parlamentario, refleja «carencias y problemas graves en todo el sistema de contratación».
Concretamente, el PP advierte de que según el citado informe la contratación de emergencia no está justificada en el 60% de los casos, y la contratación menor, en el 80%. «Es un auténtico desastre acudir a fórmulas excepcionales de contratación de forma injustificada, bien porque no hay planificación y sí una mala gestión o porque se busca limitar la concurrencia, burlando la legalidad y chocando con los principios básicos que debe regir la contratación pública», reprochó Cuervas-Mons. Para los populares es «especialmente sangrante» la situación del organismo autónomo ERA, en el que se concluye que en el 100% de los contratos analizados no se debería haber recurrido a la emergencia.
Respecto a la contratación menor, Cuervas-Mons puso el ejemplo «escandaloso y vergonzoso» de un caso en la Fundación Niemeyer analizado por la Sindicatura de Cuentas: «Su valor estimado supera el límite legal, no cabe la contratación menor para dar cobertura a los servicios de asistencia jurídica y, lo más grave, dichos servicios contratados recaen en el secretario de la Fundación, que conforme a los estatutos ya tiene encomendada esa función; es decir, este directivo es además suministrador y proveedor, lo que incumple las normas de conducta del Niemeyer», recriminó.
Cuervas-Mons se refirió también a la situación de Sogepsa, que no podría contratar el servicio de auditoría mediante un contrato menor: «Es inadmisible que se siga incumpliendo la ley, año tras año, y muy grave que la sociedad del suelo arrastre un informe de la Sindicatura de 2021 con una fiscalización de cumplimiento desfavorable; supone una rebeldía del Principado ante los requerimientos del órgano fiscalizador, de los que no toma nota», dijo. Asimismo, denunció que la ausencia de planificación y la mala gestión tiene también reflejo en un contrato de Cadasa para el suministro de energía eléctrica por 24 millones de euros, «tramitado de urgencia de forma injustificada».
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