El presupuesto de Asturias de 2026, condicionado al plan de ajuste y a la falta de cuentas estatales

El plan de ajuste en el que se trabaja afectará al presupuesto en curso, pero también al de 2026 y, tal y como han explicado desde el departamento que encabeza Guillermo Peláez, no obliga al Principado a recuperar los cerca de 300 millones desviados en el ejercicio 2024, pero sí a dar garantías al Ministerio de Hacienda de que se cumplirá esta regla fiscal tanto este año como el próximo.

El Principado ha asegurado que este plan, que deberá presentarse el próximo 3 de julio, no afectará a ninguna de las inversiones comprometidas ni para este ejercicio ni para el siguiente. De hecho, el Gobierno regional tiene intención de resolver esta cuestión, al menos en lo que respecta a las cuentas en curso, ajustando el gasto identificando partidas que no se han ejecutado, sobrantes o ahorros que han ido aflorando en la primera mitad del ejercicio o que se estima que puedan surgir en lo que queda de año. El plan de ajuste, no obstante, obliga también al Ejecutivo autonómico a ofrecer máximas garantías sobre el cumplimiento de la regla de gasto en 2026, cuando está fijada en el 3,3%, lo que a ojos de la oposición podría implicar recortes en la inversión productiva o un incremento de impuestos.

La Consejería de Hacienda niega esa posibilidad y, además, dice asumir de nuevo el reto de elaborar las cuentas con «las mismas incertidumbres» del año pasado en relación al escenario de ingresos, ya que al no haberse aprobado unos presupuestos generales del Estado las comunidades no disponen de información detallada sobre las entregas a cuenta para el 2026 y deben trabajar en base a estimaciones. «Esto supone una dificultad añadida porque siempre es mejor elaborar el presupuesto con la mejor información disponible para ser lo más certeros posible», reconoció esta semana el consejero.

Una vez que el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publique «en los próximos días» las normas de elaboración, las consejerías deberán ponerse a trabajar en la preparación de sus propuestas para que el Gobierno regional presente las cuentas «lo antes posible», también en palabra del consejero. Hay algunas inversiones ya previstas, como las comprometidas con los docentes para dar cumplimiento al pacto que puso fin a la ola de movilizaciones en la educación pública, y otras limitaciones a tener en cuenta, como la merma de ingresos como consecuencia de la reforma en el IRPF que el Ejecutivo regional pretende llevar a la Junta General a principios de julio.

En concreto, el acuerdo alcanzado con los docentes supondrá un gasto extra de cerca de 30 millones de euros para el próximo ejercicio que el Gobierno regional ha asegurado que no está en peligro, pese al plan de ajuste, al tiempo que ha instado de forma reiterada a los grupos de la oposición a demostrar su verdadero compromiso con la educación pública respaldado esta inversión con su apoyo a los próximos presupuestos autonómicos. Por otra parte, el Ejecutivo asturiano ha cifrado en unos 38 millones de euros el impacto en las arcas regionales de la reforma del IRPF, que implica rebajas a las rentas de menos de 55.000 euros y un incremento fiscal para los contribuyentes que ganan más de 175.000 euros. Una cuantía –que llegaría a los 110 millones si se tienen en cuenta también las deducciones fiscales que ya se vienen aplicando– que también deberá tenerse en cuenta en la elaboración de las próximas cuentas, si bien el Ejecutivo regional se ha mostrado convencido de que esta merma en la recaudación se verá compensada por el crecimiento económico que se prevé para el próximo año.

Una vez elaborado el proyecto presupuestario, el Gobierno (19 diputados del PSOE y tres de IU-Convocatoria por Asturias) necesita del apoyo de al menos un diputado más en la Junta General para sacar las cuentas adelante. Y, en esta ocasión, tras el reciente pacto de colaboración PP-Foro, todas las miradas están puestas sobre la exdiputada de Podemos, ahora líder de Somos, Covadonga Tomé, que tratará de hacer valer su voto.