El Principado se arma para «ser ágil» con los fondos europeos

La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, compareció ayer en la Junta para someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios acerca de la Ley de Medidas Administrativas Urgentes. Cárcaba se refirió principalmente a la parte de ese proyecto que recae directamente sobre su departamento, la llegada de fondos europeos, ya sea por la vía del marco financiero plurianual 2021-2027 como la cuantía extraordinaria del conocido como 'Next Generation EU'. «El germen del presente proyecto de ley es contribuir a una mejor gestión de los recursos públicos», afirmó Cárcaba.

Aunque la finalidad es dotar a la Administración de una mayor agilidad, la consejera de Hacienda aseguró que esto no irá en detrimento de control de los fondos públicos, de tal forma que se salvaguarde el interés general».

Precisamente, la anunciada avalancha de millones procedentes de Bruselas ya llevó a Moncloa a aprobar un decreto-ley a finales de año con el que facilitar la ejecución de los fondos europeos. El Principado intenta ahora trasladar eso mismo a la región. En palabras de Ana Cárcaba, «modificaciones en los procesos administrativos existentes para responder de forma ágil en la ejecución de proyectos vinculados a estos fondos». Además de «ágil», las otras dos características más repetidas ayer fueron «simple» y «eficaz».

El proyecto de Ley del Ejecutivo regional es corto. Son once artículos repartidos en dos capítulos. El primero versa específicamente sobre las medidas en materia de evaluación ambiental y qué proyectos -y con qué plazos- deberán de someterse a la estrategia ordinaria y cuáles a la simplificada. El segundo, sobre las herramientas de gestión y control presupuestario para facilitar la ejecución de los fondos procedentes del Next Generation EU. Por ejemplo, mediante este se incrementa el límite a partir del cual un gasto exige autorización por parte del Consejo de Gobierno. Actualmente es de 300.000 euros y se elevará hasta el millón. También facilitará las transferencias entre consejerías o se podrán incorporar como gastos del ejercicio siguiente los remanentes de crédito resultantes a fin de ejercicio.

«Nos servirán para observar sobre el terreno las potenciales ventajas, con el fin de valorar su posible incorporación en el día a día de nuestro funcionamiento administrativo», avanzó la consejera de Hacienda, a quien seguirán los próximos días otros miembros del Gobierno para dar cuenta de las implicaciones de esta ley.

La presidenta de Fade, María Calvo, quien también compareció ayer en la Junta, dijo que este proyecto de ley «es un paso necesario para abordar a fondo el proceso de simplificación administrativa». Calvo destacó que se esté dando «un avance en la necesidad de homogeneizar y modernizar las autorizaciones medioambientales». La presidenta del empresariado asturiano también dejó deberes para el corto plazo: «La transformación digital de la Administración para avanzar en el objetivo de reducción de plazos y simplificación de tareas». Calvo convino en diferenciar entre «digitalizar procesos que si ahora son ineficaces lo seguirán siendo» de aquellos que es «necesario repensar para que sea una verdadera transformación digital».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, dijo que el texto es «insuficiente» aunque valoró la «valentía» del Ejecutivo para afrontar estos cambios en la Administración. Una modernización que pidió que deje de ser «defensiva» y sea «activa».