El Principado choca con el rechazo de la Fiscalía en su intento de implantar nuevas restricciones

No es un informe vinculante. Pero, aun así, el hecho de que la Fiscalía se pronunciase ayer en contra de implantar toque de queda en los municipios más afectados por la covid-19 puso en entredicho las medidas extraordinarias acordadas por el Consejo de Gobierno. La postura del ministerio fiscal se hacía pública en el mismo momento en el que el consejero de Salud, Pablo Fernández, comparecía en comisión parlamentaria para explicar a los grupos políticos su estrategia frente a la nueva ola de contagios.

Salud propone implantar toque de queda y limitar las reuniones sociales en aquellos municipios que presenten un nivel de alerta 4+, lo que equivale a un riesgo extremo por covid. La Consejería confirmaba ayer, tras el recuento y geolocalización de los últimos casos, que ahora mismo son ocho los concejos que se encuentran en esta situación epidemiológica. Se trata de Gijón, Oviedo, Carreño, Gozón, Villaviciosa, Siero, Mieres y Laviana, donde viven cerca de 630.000 personas y se concentra el 62% de la población asturiana.

Las autoridades sanitarias aseguran que su situación es lo suficientemente grave como para justificar la aplicación de medidas extraordinarias. Al tratarse de restricciones que afectan a derechos fundamentales como el de movilidad o reunión, la Consejería ha tenido que pedir autorización al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que a su vez, como es preceptivo en este tipo de contenciosos, requirió informe de la Fiscalía.

Dicho órgano judicial no tardó ni 24 horas en pronunciarse: «No cabe duda de que las medidas cuya autorización se pretende resultan útiles para atajar la expansión de la enfermedad y persiguen un fin legítimo, pero en este momento de la crisis sanitaria existen otros mecanismos legales disponibles que deberían ser utilizados antes de llegar a una limitación absoluta de la movilidad». En definitiva, el toque de queda «sería prácticamente equivalente a un confinamiento» y «resulta desproporcionado».

En cuanto a restringir las reuniones en espacio interiores y exteriores, la Fiscalía sí se muestra partidaria, entendiendo que «evita las aglomeraciones multitudinarias y el riesgo que conllevan» sin llegar a eliminar ningún derecho fundamental. El consejero de Salud, Pablo Fernández, no entró a valorar el informe judicial, pero se mostró ayer muy contundente en la comisión parlamentaria sobre sanidad: «No tomar medidas frente a esta quinta ola de la pandemia sería un grave error».

E l hecho de que la tasa de contagios en el grupo etario de 15 a 29 años sea de 2.000 casos por 100.000 habitantes o que la incidencia en mayores de 65 años se haya triplicado -situándose ahora en el máximo nivel de alerta- justifican, según explicó Fernández, la decisión del Principado de «ir más allá» en sus medidas restrictivas. «Son cifras inasumibles», aseguró.

También advirtió de las altas tasas de ocupación hospitalaria, «no como una psicosis, sino como un hecho objetivo». Es más, el último informe remitido por el Ministerio de Sanidad sobre la situación epidemiológica de Asturias es «más preocupante» que el anterior, según expuso el consejero. Si hace unos días se anunciaban picos de hospitalizaciónpara el 15 y 18 de agosto, los nuevos datos apuntan a que «vamos a tener que poner medidas, no quitarlas, para revertir la situación».

Las explicaciones del consejero, que rindió cuentas ante los grupos políticos para cumplir con la nueva Ley de Salud, fueron refrendadas por el jefe del Ejecutivo autonómico desde Salamanca, donde se celebró ayer el XXIV Conferencia de Presidentes. Adrián Barbón quiso dejar claro que «nosotros siempre hemos aplicado en esta pandemia las medidas que nos han planteado los expertos de Salud Pública. Respetamos el informe de Fiscalía y haremos lo mismo con el auto del TSJA. Pero las medidas para las que pedimos autorización son las medidas que nuestros expertos dicen que debemos aplicar» en las circunstancias actuales.

Las nuevos restricciones que están sobre la mesa no convencen a todos los grupos políticos por igual. Foro se opone al toque de queda y Vox habla de «descontrol». Podemos, por su parte, critica el recorte de personal sanitario a las puertas del verano. Ciudadanos y PP ponen el foco sobre «los sencillos» informes presentados para justificar las medidas, que «no aportan nada». E IU sugiere una estregia «lineal y no en dientes de sierra, como hasta ahora».

Pero todos coindidieron en señalar la «reacción tardía» del Principado frente a esta nueva ola de contagios. Fernández se remitió al nuevo marco legislativo que obliga a pedir autorización a los jueces tras decaer el estado de alarma en España para responder a quienes le reprocharon esa falta de anticipación. «El marco normativo es diferente y las medidas de mayor dureza no se autorizan si no están vinculadas a una incidencia acumulada y tienen un alto nivel justificativo», adujo. Es decir, «no propusimos estas medidas antes porque no estábamos en condiciones de argumentar la proporcionalidad que requieren los tribunales. Ahora sí». La Fiscalía, sin embargo, no opina lo mismo.

• Temas
• Principado de Asturias
• Asturias
• Coronavirus