El Principado duda de la solvencia del comprador de la antigua planta de Alcoa

La sorpresa mayúscula que supuso conocer la venta de las antiguas plantas de Alcoa, rebautizadas como Alu Ibérica, al grupo Riesgo se torna ahora en muchos recelos. Tantos, que el Principado reconoció ayer en la Junta General que duda de la solvencia de los compradores y que les ha reclamado información «que aún no nos ha sido trasladada». Lo confirmó el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, en respuesta a una cuestión de la portavoz de Industria de Ciudadanos, Susana Fernández, cuando esta le preguntó si conocía que Manuel Riesgo S. A. comunicó en septiembre de 2019 su estado de insolvencia para entrar en preconcurso de acreedores y que en las cuentas de 2018 su patrimonio neto era negativo.

«Teníamos una información preliminar que no era clarificadora», reconoció el consejero sobre los datos públicos de esta compañía, aunque no se puede comprobar si se trata de la matriz de los nuevos compradores, un fondo que ha adquirido el 75% de las factorías de Avilés y La Coruña a través a través de su vehículo de inversión System Capital Management. «Nos ha sido imposible encontrar una página web, un CIF o una entrada en alguna página de información mercantil relativa al grupo Industrial Riesgo», asegura la diputada naranja, que fue reprendida por el presidente de la Junta, Marcelino Marcos, por realizar preguntas «de un tema que no tiene nada que ver con el objeto del grupo de trabajo», que era el coronavirus .

Antes de tener que parar sus preguntas, Enrique Fernández le respondió que toda la operación ha generado malestar y desconfianza en la Administración regional, aunque previamente a analizar quién es Riesgo, se ha pedido al Ministerio de Industria y a Alcoa que aclaren si es legal la reventa por parte de Parter Capital, que la compró tras un largo proceso tutelado por el Gobierno. «Si no tiene encaje, no cabe otra cosa», subrayó el consejero, que espera la respuesta del gabinete de Reyes Maroto. «Nos consta que está en contacto con Alcoa para ver hasta qué punto esta operación es válida», manifestó Enrique Fernández, que vería como «un mal menor» que fuera Riesgo quien asumiera los compromisos de Parter, esto es, el mantenimiento del empleo hasta julio del año que viene y un proyecto de modernización de la factoría.

El problema es que el Principado sigue sin entender por qué la operación se realizó «por debajo de la mesa» y solo se tuvo conocimiento de la venta una vez consumada, ocho meses después de que Parter comprara las factorías de Alcoa, aunque las conversaciones con Riesgo se iniciaron solo un mes más tarde de la transacción entre la aluminera americana y el fondo suizo.

«El nivel de desconfianza hacia el proyecto ha crecido», afirmó el consejero, que tras saber si la operación es válida, quiere «ver hasta qué punto el capital y las intenciones que aporta sí que son sólidos y nos disipan las enormes dudas que nos han generado esta forma de proceder». «La siguiente pregunta que hay que resolver de manera inmediata es si esta empresa es solvente para desarrollar el proyecto que plantea», respondió a la diputada naranja.