El Principado nunca estudió el coste del rescate

Podemos está convencido de que existe base jurídica para impugnar el Real Decreto 392/2000, la norma que aprobó el Ministerio de Fomento para ampliar la concesión del peaje del Huerna desde 2021 como estaba previsto inicialmente, hasta 17 de octubre de 2050, que el periodo ahora vigente. La formación recogió firmas entre los conductores, solicitó el expediente a la administración central, y su secretario general, Daniel Ripa, lleva varias comparecencias tratando de persuadir al Principado de la conveniencia de abrir esa batalla.

Uno de esos debates tuvo lugar el 18 de septiembre. El diputado quiso conocer en cuánto cifraban los servicios jurídicos del Principado el coste de rescatar la concesión. El vicepresidente, Juan Cofiño, reiteró que el desembolso era «inasumible», que «hay una aproximación al tema» pero que ahondar en la cuestión suponía una pérdida de tiempo y «en este asunto perderemos lo justo».

La formación reclamó «los informes de cuantificación económica» del posible rescate, los que hubiera hecho el servicio jurídico para impugnar la prórroga del peaje o los que tenga el Principado sobre la legalidad de aquella decisión. A las tres preguntas la administración responde que «revisados los 19 años desde la entrada en vigor del Real Decreto 392/2000, no consta la existencia de los informes solicitados».