Y el Principado y el PP se acusan de «mentir, traicionar y engañar»

En el lado de los que leían en positivo los datos del informe se situaron los mismos tres grupos que mantuvieron hasta el final y sin complementos que el uso del asturiano y el eonaviego son beneficiosos para la región: Podemos, Izquierda Unida y el propio PSOE, que ayer solo compareció para responder a los líderes de la oposición después de que el Partido Popular acusara al presidente, Adrián Barbón, de llevar «meses engañando y traicionando» a los asturianos.

La lectura que los populares hacen del documento la resumió la presidenta regional de la formación, Teresa Mallada: «Los socialistas repiten el mantra de la oficialidad amable y, a pesar de todo, hoy tenemos un informe jurídico encargado por ellos que avala que no existe tal y describe a la perfección cómo sería la oficialidad en Asturias», incidió, al tiempo que señaló que los tres grados de implantación son, bajo su punto de vista, pasos de un camino que acabará, sí o sí, «en el tercer nivel», «en el impacto de los 170 millones».

Su confusión entre coste e impacto económico «no es casual» para la secretaria de Organización de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo, que acusó a la popular de haberse «instalado en las 'fake news' y en manipular a sabiendas» porque «no se trata de un informe vinculante ni del modelo de oficialidad que plantea el Gobierno».

En posicionamientos similares a los del Partido Popular están Ciudadanos, Foro y Vox. Sergio García, secretario de Organización de los 'naranjas', comprende que el documento «no iba a tener buena acogida» y que «hay que sumarle los 4.000 empleos que generaría su implantación y que se pagarían con los impuestos de todos los asturianos».

Para Adrián Pumares, de Foro, «no había una voluntad real de acordar y negociar» y piensa que los socialistas «no acudieron a la reforma del Estatuto de Autonomía con buena fe» y el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, añade que la «imposición de una lengua inventada» se trata de un «despropósito económico, así como su obligatoriedad».

La lectura positiva la hacen Izquierda Unida y Podemos. Ovidio Zapico, coordinador general de la coalición, pide que se tengan en cuenta las oportunidades de generación de actividad económica ligada a ese proceso y recuerda que el planteamiento presenta «una horquilla amplia: no vamos a ponernos en el escenario de la mayor cantidad económica, los hay intermedios».

Desde Podemos sus representantes también celebran el documento porque, para ellos, viene a avalar que «es buenísima la oficialidad». Su portavoz parlamentario, Rafael Palacios, hace hincapié en que «los datos confirman que estamos hablando de un impacto económico y de creación de empleo al nivel de las empresas más grandes de Asturias».

Solo hay un punto que sienta al mismo lado a los seis grupos y es que no entienden por qué el Gobierno no avisó, pese a las peticiones, de la existencia de un estudio. Sergio García le recordó al presidente que «cada una de sus palabras tiene consecuencias, pero cada silencio, también».

Gimena Llamedo respondió al respecto haciendo hincapié en que el contrato de elaboración del documento «está colgado en el portal de transparencia del Gobierno desde hace dos años». Y aprovechó para incidir en que la voluntad del PSOE es que el asturiano no sea condición necesaria para acceder a la función pública ni sea lengua vehicular.