Piden más de 65 años de cárcel para los miembros una red de inmigración clandestina que operaba en Asturias
Dos de los encausados trabajaban en un centro de acogida del Principado como cocinera y educador
Europa Press
Viernes, 8 de octubre 2021, 15:43
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de ocho acusados de pertenecer a una red organizada de inmigración clandestina de menores marroquíes que entraban en la península en patera o bajos de camiones. Están acusadas otras seis personas, que presuntamente los ayudaron en episodios concretos. En total se piden penas que superan los 65 años de prisión por delitos de inmigración clandestina y de riesgo para la vida e integridad física de estas personas.
Una vez en España, los menores eran documentados como menores extranjeros no acompañados (mena) y derivados a centros de acogida, principalmente de Asturias.
Dos de los acusados trabajaban, como cocinera y educador, respectivamente, en un centro de acogida de Asturias en el momento de los hechos. El escrito de acusación del Ministerio Fiscal está presentado en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Oviedo.
Según explica el escrito de la Fiscalía, la cocinera, que trabajaba desde 2016 en el centro, se encargaba de comunicar a la organización la existencia de plazas vacantes. En el mes de julio de 2017, llegaron 10 menas y, en agosto de 2017, fueron 18, de origen marroquí, cuando en todo el transcurso del año 2015 habían llegado 12 menas marroquíes y durante todo el año 2016, 21.
Una vez que los menores llegaban al centro, ella se encargaba de realizar un seguimiento, incluso de los que se encontraban alojados en centros del País Vasco. Además, asesoraba a los familiares de los menores sobre trámites y protocolos de actuación de las fuerzas policiales a cargo de los controles fronterizos, alojando en su domicilio, en Oviedo, a los menores, antes de su ingreso en el centro de Asturias o cuando estos, ya acogidos, se fugaban del mismo. La Fiscalía pide para ella una pena de siete años de cárcel
Por su parte, el educador del centro de acogida ubicado en Asturias se enfrenta a medio año de cárcel por aconsejar a otros miembros de la organización sobre las respuestas que debían dar los menores en las entrevistas para conseguir su estancia definitiva y ventajas administrativas.
El Ministerio Fiscal sostiene que, al menos durante el transcurso del año 2017 y parte de 2018, ocho de los acusados formaban parte de una red criminal organizada que, a cambio de una contraprestación económica, se dedicaba al favorecimiento de la inmigración clandestina de menores extranjeros.
Estos eran captados en Marruecos para su posterior entrada en España, de forma clandestina, cruzando los puestos fronterizos entre Marruecos y España con documentación falseada, ocultos en los bajos de camiones o bien pasando el estrecho en embarcaciones «toys», pateras, barcos pesqueros o motos de agua. Los menores hacían a nado los últimos metros que les separaba de la costa, vías carentes de la más mínima seguridad, con elevado riesgo para su vida e integridad física, lo que era conocido por todos los integrantes del grupo organizado.
Una vez en España, los menores eran documentados como mena y derivados a centros de acogida para menores extranjeros. Su destino final era el norte de España, y principalmente Asturias, donde la organización tenía previo conocimiento de la existencia de plazas vacantes.
Si a su llegada eran detectados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, eran conducidos a centros de menores, generalmente de Andalucía, de donde, más tarde, ayudados por miembros de la organización, se fugaban para su posterior traslado a centros de Asturias. Si no eran interceptados, se alojaban temporalmente en domicilios de miembros de la red organizada para su posterior traslado al Principado.
Dentro de la organización, los distintos integrantes ostentaban diferentes roles y funciones, previamente concertadas entre ellos, que abarcaban la captación de menores en Marruecos, el cruce del estrecho vía marítima o terrestre, el traslado interno de los menores por la península, la distribución en los centros de acogida y posterior seguimiento y control de los mismos hasta la obtención de la documentación pertinente que les proporcionaba la estancia en los centros hasta su mayoría de edad, y posteriores ventajas en materia de extranjería.
Los restantes acusados, sin pertenecer a la red organizada, tuvieron participación, con el ánimo de obtener un lucro económico, en determinados episodios de inmigración.
