Sanidad en Asturias
«Las consultas preferentes en salud mental han disminuido»La consejera Concepción Saavedra ha asegurado en comisión parlamentaria que, aunque se atendieron más problemas emocionales tras la pandemia, «la mayoría de derivaciones son casos leves y cuadros adaptativos»
Miriam Suárez
Oviedo
Jueves, 19 de octubre 2023, 12:47
La salud mental «preocupa» y «es una prioridad» para el Gobierno del Principado. Pero los datos «no avalan la hipótesis de un aumento de casos ... graves». Es más, «el número de consultas preferentes y pacientes atendidos han disminuido» con respecto al primer semestre de 2022, incluidos los de la población infanto-juvenil. Así respondía esta mañana la consejera de Salud, Concepción Saavedra, a las críticas formuladas por la diputada de Vox, Sara Ávarez Rouco, que considera la situación alarmante y acusa a la administración sanitaria de «dejar pasar los días» sin ponerle solución.
Asturias encabeza las estadísticas en trastornos de ansiedad, depresión y conductas suicidas, de ahí que la salud mental fuera uno de los puntos del orden del día de la Comisión de Salud convocada hoy en al Junta General del Principado. A propuesta de Vox, la consejera tuvo que dar explicaciones sobre «qué acciones va a poner en marcha ante el preocupante aumento de casos graves de salud mental en la población». Saavedra se remitió al plan aprobado en la recta final de la pasada legislatura y recordó el empeño del Gobierno autonómico de llegar a un gran pacto político sobre este asunto.
«La salud, incluida la salud mental, se construye de forma colectiva», defendió la consejera, que dijo estar trabajando en medidas de prevención, protección y promoción del bienestar emocional de los asturianos. También puntualizó que el aumento de consultas que se produjo tras la pandemia del coronavirus «no está asociado a un aumento de casos graves», sino a «casos leves y cuadros adaptativos». Y que para las situaciones más urgentes «tenemos recursos con equipos multidisciplinares».
Concepción Saavedra tuvo que responder en la comisión parlamentaria a otras dos preguntas. Una, sobre la «fuga» de médicos a la sanidad privada, también formulada por Vox. Y otra, sobre la demora existente en las valoraciones de la discapacidad, que defendió la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo. «Sólo un 5% de los médicos del Sespa (Servicio de Salud del Principado) compatibilizan sanidad pública y privada; el resto, tienen dedicación exclusiva», rebatió a Sara Álvarez Rouco.
Vox cuestionó los casi 1.000 euros con los que se penaliza en Asturias a los médicos que trabajan en la sanidad pública y privada, las condiciones laborales de los sanitarios y «la falta de un proyecto atractivo» por parte de la Consejería. La máxima responsable del sistema público de salud echó mano de los datos para contrarrestar las críticas: «En el último concurso de traslados, publicado hace unos días en el BOPA, 366 profesionales de diferentes categorías obtuvieron nuevo destino en Asturias. De ellos, 48 provienen de otras comunidades, de los cuales 15 son médicos».
Para demostrar que «sí somos atractivos», Saavedra se refirió también al Informe 2021-2035 de Oferta y Necesidad de Especialistas elaborado por el Ministerio de Sanidad, en el que Asturias «encabeza la dotación de recursos humanos», es decir, «somos la comunidad con más médicos por 100.000 habitantes con 383; la media nacional es de 300». No aportó datos, sin embargo, sobre «cuántos son los profesionales que se han marchado», le inquirió Álvarez Rouco.
En cuanto a la valoración de casos de discapacidad, que ahora es competencia de la Consejería de Salud, comprometió medidas que permitan agilizar los trámites, desde nuevos equipos informáticos a «una adecuación de las plantillas» para que las oficinas de evaluación «amplíen a las tardes su horario». Se está estudiando, además, «nuevas fórmulas para evitar burocracia y duplicidades», así como un posible incremento de efectivos.
De todos estos compromisos, Pilar Fernández Pardo extrae como conclusión, a día de hoy, que «no es de recibo que más de 14.000 asturianos estén esperando por una evaluación, que se suman a los 130.000 que ya tienen una discapacidad». Algunos expedientes tardan en resolverse 36 meses, lamentó la diputada popular, para quien ésta «es una herencia envenenada de la consejera Álvarez -titular de Derechos Sociales-, por si usted tuviera poco con las listas de espera del sistema sanitario».
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