«El Ayuntamiento de Noreña carece de un censo para razas peligrosas»

Pol es un perro de raza pitbull, de cinco meses, que vive con sus propietarios, Manuel Antonio González y Leticia Sierra, en Noreña. A su edad, no ha dado muestras de agresividad pero, al estar catalogado como potencialmente peligroso, debe quedar registrado en un censo, "del que carece el Ayuntamiento de Noreña, a pesar de que la normativa es muy estricta», advierte la dueña del cachorro.

Leticia Sierra solicitó, el pasado 30 de abril, al consistorio la concesión de la licencia para la tenencia del perro y aportó la documentación que le requería: el certificado de antecedentes penales, de actitud psicológica, DNI, cartilla de vacunaciones y microchip del animal, seguro de responsabilidad civil y recibo de estar al corriente de pago con una cobertura de 300.000 euros. Su insistencia en tener la documentación en regla no era un capricho. La Policía Local de Gijón le impuso una sanción cuando paseaba tranquilamente con el perro por el muro de San Lorenzo por no acreditar documentalmente el registro.

Sin embargo, a pesar de entregar los documentos, la licencia le fue denegada. La razón alegada por el consistorio era que el can no estaba inscrito a su nombre como titular -solo puede estar una persona y figura Manuel Antonio González- y por «la imposibilidad de registrar al perro en el Registro Municipal de Animales Peligrosos de Noreña por carecer el Ayuntamiento de registro», como consta en la respuesta que le expidió la funcionaria.

La castración

Leticia Sierra se dirigió al Ayuntamiento el pasado día 6 de este mes para reiterar su petición, al amparo de la Ley 50/1999, que en su artículo 3 especifica los requisitos que debe cumplir en calidad de «tenedor del perro» y que, en su caso, cumplía. Y para despejar cualquier duda se remitía al artículo 5 que diferencia entre las figuras de propietario, criador y tenedor. El alcalde, César Movilla, firmó un escrito, que le notificaron al día siguiente, donde añadía nueva documentación que debía entregar, entre la que destaca una acreditación de su capacitación para proporcionar «los cuidados necesarios al animal» y el certificado veterinario de «esterilización del animal para los perros machos de primera categoría».

La indignación de Sierra es máxima. «¿Cómo me exige el ayuntamiento que esterilice a un cachorro de cinco meses y le incluye en la categoría de perros de ataque, a la cual no pertenece Pol?», interpela. La veterinaria, Alejandra Alvarez, expidió el certificado pero en sentido contrario al que exige el ayuntamiento. Recomienda no castrar al animal debido «a su temprana edad» ya que no es aconsejable realizarlo «antes de los ocho meses e incluso el año si la situación lo permite, cuando el animal haya alcanzado la madurez sexual y haya finalizado su desarrollo».

Mientras Sierra desplega todo un expediente de documentos para dejar patente que «el que incumple es el ayuntamiento que no tiene censo», Pol, a su lado, le lame cariñosamente. «Este es el perro peligrosísimo que debe ser castrado», ironiza esta vecina de Noreña.