Piden 25 años de cárcel para la acusada de matar a puñaladas a su novio en Lugones

El Ministerio Fiscal solicitó una pena de veinticinco años de cárcel y diez de libertad vigilada para Ana María G. H., la acusada de asesinar a puñaladas a su novio en Lugones en julio de 2018. Además, la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Siero ha denegado la puesta en libertad de la imputada, coincidiendo con el criterio de la Fiscalía. Consideran que existe riesgo de fuga y que los argumentos que se llevaron a adoptar las medidas cautelares se mantienen «íntegros».

La acusada mantuvo una relación de pareja con Miguel Ángel Suárez Menéndez, 'Míchel', más conocido como Míchel, durante aproximadamente un año, con convivencia esporádica en el domicilio de los padres de ella, en la localidad sierense. El Ministerio Público sostiene en su escrito que, entre las ocho de la tarde y las once de la noche del día 16 de julio de 2018, esta mantuvo una fuerte discusión con su pareja por celos ya que intuía que la iba abandonar para irse con su anterior pareja.

A medianoche se fueron a la habitación a dormir y, una vez en el dormitorio, la acusada fue a la cocina y cogió un cuchillo con una hoja de entre seis y diez centímetros. Regresó sigilosamente al dormitorio cuando Míchel estaba durmiendo y le asestó de forma sorpresiva hasta treinta y cinco puñaladas, fundamentalmente en el cuello y en el abdomen, que acabaron con la vida del llanerense. Las conclusiones de la autopsia desvelaron que la víctima falleció tres horas antes de que se avisara a los servicios de emergencia.

La sala del 112 Asturias registró una llamada a las tres menos diez de la madrugada alertando de un suicidio. Cuando llegaron los primeros técnicos de emergencias pudieron comprobar el estado del cadáver y las lesiones de arma blanca que presentaba el cuerpo. En ese mismo instante se procedió a detener a la pareja de la víctima.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con la agravante de parentesco e interesa, además, que la acusada esté siempre localizable, que comunique cualquier cambio de domicilio o lugar de residencia y la prohibición de aproximarse y comunicarse con los tres hermanos del fallecido. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a cada uno de los hermanos con 26.000 euros, más los intereses legales correspondientes.