El sindicato pedirá el sobreseimiento de un caso que vincula al ámbito «administrativo»
El abogado de UGT considera que «no hay motivo para una causa penal»
El abogado que defiende a UGT, Francisco Alonso, tiene previsto presentar un recurso contra el auto de la jueza del juzgado de instrucción número 4 de Oviedo que pide el procesamiento de cuatro exdirigentes de UGT y dos técnicos por el caso de los cursos de formación por cinco presuntos delitos de fraude en subvenciones que suman 1,49 millones de euros. En el mismo pedirá el sobreseimiento de la causa. Sostiene el letrado que todo se circunscribe a un conflicto «administrativo», quedando la causa fuera del ámbito penal en el que actualmente se tramita. «No hay motivo para seguir con una causa penal, se trata de cuestiones administrativas que deberían ir a un contencioso administrativo».
La argumentación de la defensa del sindicato se basa en que para que pueda haber un ilícito penal de fraude de subvenciones «el dinero debió haberse dedicado a cuestiones que no estén relacionadas con los cursos», un hecho que, sostiene, no se produjo. «Lo único que se discute es si hay partidas que eran o no subvencionables y esa es una cuestión administrativa». El letrado se apoya además en que el Principado «admitió las cuentas y la justificación de los gastos».
