La UE dice que el lobo «es ya un peligro potencial para los humanos»

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, manifestó ayer que «la concentración de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos». Por ese motivo insta directamente «a las autoridades locales y nacionales a que tomen medidas cuando sea necesario. De hecho, la legislación vigente de la UE ya les permite hacerlo».

El Ejecutivo comunitario dice ser «consciente» de que el regreso del lobo a regiones de las que ha estado ausente «puede dar lugar a conflictos con las comunidades agrícolas y cinegéticas locales, especialmente cuando las medidas para evitar ataques al ganado no se aplican ampliamente». Actualmente la mayoría de las manadas del continente «gozan de una protección estricta, con posibilidades de excepción», recuerda. La directiva sobre hábitats -subraya la Comisión Europea- habilita a los Gobiernos nacionales a «establecer excepciones a las prohibiciones del régimen de protección rigurosa, también con el fin de proteger los intereses socioeconómicos».

El análisis contrasta con la situación en España. Tras incluir al lobo en el Lespre, el Ministerio para la Transición Ecológica acordó con las comunidades una estrategia para la especie que regulaba el mecanismo administrativo que permitiría volver a sacrificar ejemplares. La comunidad autónoma debía iniciar el expediente, acreditar en la medida de lo posible los daños causados por el animal concreto, que los ganaderos afectados habían tomado las medidas de prevención posibles, y que matar al lobo en cuestión no afectaría al estado de conservación de la especie.

El Principado celebró el acuerdo, entendiendo que le daba seguridad jurídica para recuperar su sistema de gestión tradicional, consistente en fijar un cupo máximo anual de cánidos a matar en función de los ataques registrados. Cuando quiso iniciar ese camino administrativo se encontró con que llegaba a ninguna parte. El paso previo a la autorización es un informe que emite el ministerio y sus técnicos concluyeron que sin un censo nacional de los lobos no se podía asegurar que matar un solo ejemplar no afectara a la especie. El problema es que no existe ese censo nacional y hacerlo, según reconoció Transición Ecológica, llevará al menos dos años.

La posición fijada ayer por la Comisión Europea, además de instar a usar el marco legal para proteger al ganado y la población, inicia un procedimiento para analizar si debe dar más facilidades al control de la especie. Para ello invita a «las comunidades locales, a los científicos y a todas las partes interesadas a que presenten, a más tardar el 22 de septiembre, datos actualizados sobre la población de lobos y sus efectos». Sobre el material que le llegue por email «decidirá sobre una propuesta para modificar, en su caso, el estatuto de protección del lobo en la UE y actualizar el marco jurídico, a fin de introducir, en caso necesario, una mayor flexibilidad».

Desde el Principado consideran que el paso dado por la Comisión «va en la buena dirección». «Desde el Gobierno de Asturias siempre hemos defendido una posición equilibrada y que permita desarrollar una actividad tan importante como la desarrollada por el sector agroganadero. Es razonable que exista un modelo de gestión como el que venimos defendiendo», explicó el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez. En el mismo sentido se expresó la Xunta de Galicia.

Ascel, el colectivo consevacionista que inició el proceso para elevar la protección del lobo en España, tachó de «esperpéntico» el procedimiento iniciado por Bruselas. «Así no se pueden cambiar las directivas, en base a los mails que recibas», indica Ignacio Martínez. «Es algo estrambótico, incoherente. La comunicación dice basarse en las cartas de dos comisarios europeos que justamente defendían lo contrario de esto», cuestiona.