Los imputados en el caso Aquagest niegan haber cometido delito y anuncian recurso

Los doce imputados en el 'caso Aquagest' anuncian recurso contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia a Instrucción de Avilés que inicia el procedimiento que podría desembocar en la apertura de juicio oral. Se les atribuyen distintos delitos, entre ellos falsedad en documento privado, estafa y cohecho, supuestamente cometidos en las piscinas municipales de Corvera, el origen de la llamada trama del agua -que también salpica a otros municipios de Asturias en los que Aquagest presta servicios de algún tipo- y en Gozón.

En el caso de Corvera, la empresa es adjudicataria de la gestión de las referidas piscinas, inauguradas en 2009. Los entonces alcalde, Luis Belarmino Moro, concejala de Hacienda, Belén Toro, ambos de la Unión Social y Progresista de Corvera (USPC), y concejal de Urbanismo, Luis Solares, figuran entre los imputados. Ninguno de los tres formará parte de la nueva Corporación. Miguel Ángel Villalba, portavoz en su día de la ya desaparecida Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA), su hermana Elena, igualmente exconcejala, el ex novio de ésta y la madre de los hermanos Villalba también figuran como imputados.

Completan la relación cuatro empleados o ex empleados de Aquagest, entre ellos Joaquín Fernández, exsecretario de comunicación del PP en Asturias, y Henry Liaño, exdirector para la zona Norte de Aquagest, además de la propia empresa.

En el auto, la juez se refiere a facturas falsas relativas a la construcción de la instalación deportiva, alguna de las cuales se habrían abonado a cuentas de Miguel Ángel Villalaba, y a «irregularidades» en el expediente que concluyó con la adjudicación de su gestión a Aquagest. En el caso de Gozón, el auto señala a una empresa tapadera, Ariel, propiedad de los hermanos Villalba y del exnovio de esta última, que habría cobrado facturas abonadas por un avilesino residente en Qatar en pago de obras que habrían sido ejecutadas por Aquagest, no por Ariel

Moro, Toro y Solares defendieron ayer su inocencia. «Al menos ahora sabemos qué presuntos delitos nos atribuyen, pero seguimos sin saber en base a qué. Al menos en lo que a mí concierne en ningún momento describe qué fue lo que hice, no dice cuál fue la acción», señaló ayer el ex alcalde de Corvera, que alega indefensión. «Que me digan qué documento privado falsifiqué yo, que me digan a quién estafé. A mí ni me pagaron un café, ni tampoco fui a ningún hotel. No quiero decir que eso hubiera sido un delito».

Moro defendió su actuación tanto en la construcción de las piscinas como en el proceso de adjudicación. «Lo primero que hay que decir es que todos los acuerdos que se adoptaron en el Ayuntamiento contaban con los preceptivos informes jurídicos y técnicos. Desde ese punto de vista resulta imposible que hayamos cometido delito alguno», dijo.

El alcalde fue un paso más allá. «Hasta el secretario municipal, que es un militante activo del PSOE y que ejerció la única oposición política que se encontraron nuestros gobiernos, informó favorablemente. Nada le hubiera gustado más que hacerlo en contra, pero no lo hizo, y si fue así es porque todo se ajustaba a la Ley». Moro no ocultó su preocupación. «Se me está poniendo a parir, se está rompiendo mi honradez y todavía ni siquiera sabemos qué es lo que supuestamente hicimos mal. No entiendo nada», concluyó. La juez la atribuye tres presuntos delitos, falsedad en documento privado, estafa agravada y cohecho.

Toro y Solares

A Toro, ex concejala de Hacienda bajo el gobierno de Moro, y a Luis Solares, entonces uno de los tres concejales del PP que gobernaban Corvera mediante un pacto con la USPC, dos, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el ejercicio de la función pública.

Ambos fueron parcos en palabras. «Lo único que puedo decir es que no hice nada y que me voy a defender. Todo lo que está en ese expediente que lleva mi firma estaba respaldado por informes y el secretario municipal tenía perfecto concocimiento de ello, no se me ocurriría hacerlo de otra manera. Tengo la conciencia muy tranquila y no estoy preocupada porque no hice nada mal», dijo la ex concejala de Hacienda.

Solares respondió a LA VOZ con un lenguaje directo y coloquial. «No tengo ni idea de qué se me acusa, no sé nada de eso, no sé de qué me están hablando. Tendrán que especificar algo más». En cuanto a los pliegos de la piscina, «están santificados por el secretario municipal, y no tengo conocimiento de que nadie hubiera puesto reparo alguno o dicho que había algo más».

Miguel Ángel Villalba no atendió a las llamadas de este periódico. Sí lo hizo su abogada, Concepción Trabado, que igulamente ejerce la defensa de su hermana y de su madre. «Vamos a recurrir porque en lo que a mis clientes se refiere las acusaciones no están sustentadas en pruebas sólidas, solo en opiniones. No se practicaron pruebas y nos parece que ni los hechos ni las imputaciones están debidamente calificadas. Hay un error en la calificación inicial», concretó.

José Carlos Fernández defiende a Luis Belarmino Moro y a Belén Toro. También anunció que interpondrá recurso «en base a cinco o seis cosas que no son ciertas. Los hechos que nos imputan no se refieren a nosotros». Alfonso Suárez, abogado de la familia Villalba, tampoco quiso extenderse. «Claro que vamos a recurrir, pero prefiero no hacer declaraciones hasta que la causa esté más avanzada», señaló.

La juez concede tres días a las partes personadas y a la Fiscalía para presentar recurso y, una vez sea firma la resolución, diez para solicitar la apertura de juicio oral o por el contrario el sobreseimiento de la causa.