El juzgado embarga el dinero de la deuda de Alu Ibérica con la 'caja social'

Aunque han denunciado los incumplimientos de la empresa en numerosas ocasiones ante el organismo, solo en dos ocasiones se ha abierto un expediente sancionador. El primero fue el pasado mes de diciembre y fue por el mismo motivo, por la «falta de ocupación efectiva» de los empleados de la planta. La segunda fue en enero por los retrasos sistemáticos en el pago de las nóminas de los trabajadores.

Ayer también se supo que el juzgado había ingresado los cerca de 30.000 euros que la aluminera adeudaba a la denominada 'caja social' de la planta, un dinero que se destina a beneficios sociales de los empleados de la empresa y a la organización de actividades culturales, deportiva y de ocio, en general.

El juzgado había condenado recientemente a la compañía a cumplir con esa obligación contemplada en el convenio. Alu Ibérica no lo hizo, pero «en alguna cuenta ha aparecido el dinero» que ahora ya a disposición de la plantilla.

A falta de una nueva vuelta de tuerca respecto a la situación actual, el interés de la plantilla está puesto tanto en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, que deberá decidir si Alu Ibérica debe ser administrada judicialmente o no, como en la reunión que, al parecer, mantendrá el próximo 19 de julio la ministra de Industria, Reyes Maroto, con el director ejecutivo (CEO) de Alcoa en Pittsburg.

Por otra parte, el portavoz de Podemos Asturies en la Junta General del Principado y secretario general de la formación morada, Daniel Ripa, y la portavoz de Podemos Avilés, Tania González, criticaron ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por visitar Asturias y no hablar de Alcoa, cuando se encuentra en una situación «límite».

«Se echó de menos una manifestación sobre la situación de la antigua Alcoa», dijo Tania González, demandando una intervención del Estado para garantizar la permanencia de la actividad y el mantenimiento del empleo en la planta de San Balandrán, en Avilés.