Una nueva sentencia frena la regulación de Avilés sobre las viviendas turísticas

La demandante en esta ocasión fue la Asociación Asturiana de Viviendas Turísticas que se felicita por una sentencia «lo suficientemente elocuente y que deja clara la intención de este Ayuntamiento de burlar la normativa de aplicación en favor del rédito electoral apoyado en una machacona propaganda para desacreditar nuestra actividad legal».

Al igual que el fallo ya conocido, esta nueva sentencia rechaza la potestad que se arrogaba el Ayuntamiento en la exposición de motivos de la instrucción acerca de su autoridad para «imponer restricciones territoriales para el acceso o ejercicio de una actividad económica siempre que estuvieran justificadas por razones de interés general» por su rol de «planificador urbanístico».

No lo entiende así la justicia que subraya que la imposición de restricciones o limitaciones a dichas actividades de explotación de vivienda vacacionales y de uso turístico «no puede regularse vía instrucción interna» sino que, tal como se recoge en el Texto Refundido en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TROTU), la materia regulada mediante una instrucción exigiría una modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

Resuelto este asunto, la sentencia no ahonda en otros argumentos esgrimidos por las partes sobre si las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de Avilés a lo largo de los ocho artículos de la instrucción son acordes o no con la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en este materia.

El Ayuntamiento ya informó, tras conocer la anterior sentencia sobre este particular, que no la recurriría, supeditando el control de las viviendas de uso vacacional a las futuras normativas estatales y autonómicas.

Fue la propia alcaldesa Mariví Monteserín la que reconoció que la vía del decreto que habían elegido no era la acertada pero que revisar un PGOU «en este país son dos o tres años y en ese tiempo el mercado se complica mucho más porque la demanda de vivienda vacacional va a seguir creciendo y ahí es donde apelamos entre las tres administraciones, a ver cómo hacemos para que sin recurrir por esa vía podamos controlar ese mercado».

El Ayuntamiento de Avilés supedita, por tanto, el control de este tipo de viviendas vacacionales a la regulación estatal y autonómica que espera que se apruebe próximamente y que ampare a los municipios. Cabe recordar que la norma que aplicó el gobierno local en el mes de octubre de 2023 obligaba a los propietarios a tramitar una declaración responsable para la apertura y puesta en marcha de estos alojamientos vacacionales, que a efectos legales se igualaban a cualquier otro tipo de actividad comercial y por tanto conllevaba el pago de tasas e impuestos.

También prohibía explotar las viviendas y pisos turísticos en la mayoría de los barrios residenciales de la periferia de Avilés y los limitaba a la zona centro